Desde su primer día en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que la reforma migratoria sería una de sus prioridades y cuatro semanas después el documento llegó al Congreso de los Estados Unidos.
U.S. Citizenship Act of 2021 o la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021 , es el proyecto de ley impulsado por el senador de origen cubano Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y la legisladora Linda Sánchez, demócrata de California.
De aprobarse, la nueva ley tendría un impacto en todo el país y particularmente en la región fronteriza, por lo que líderes de San Diego expresaron su opinión sobre lo que representa este anuncio.
El mismo día que el proyecto de ley fue publicado, el alcalde de San Diego Todd Gloria, de ascendencia latina, filipina y nativo americana, dijo en una declaración escrita que en enero su gobierno envió una carta a la administración del presidente Biden y a los líderes del Congreso en la que se esbozaban las prioridades de la ciudad para un paquete de reforma migratoria integral.
Destacó que el paquete legislativo de Biden incorpora muchas de esas prioridades clave como proporcionar una vía de acceso a la ciudadanía para los residentes indocumentados, mantiene a las familias unidas con un sistema de inmigración racionalizado y promueve la integración de los inmigrantes y los refugiados.
Gloria dijo que San Diego, como la ciudad fronteriza más grande de Estados Unidos, es un brillante ejemplo de cómo puede prosperar una región binacional basada en la colaboración, la humanidad y un enfoque acogedor.
“Espero seguir trabajando directamente con el gobierno de Biden y nuestra delegación en el Congreso para ayudar a que este esfuerzo llegue a la línea de meta para que finalmente la reforma migratoria en Estados Unidos sea una realidad”, aseguró el alcalde.
La abogada Dulce García, directora ejecutiva de Border Angels, presidenta del Consorcio por los Derechos de los Inmigrantes de San Diego y beneficiaria del programa DACA para los inmigrantes traídos en la infancia opinó que la Ley de Ciudadanía 2021 representa un primer paso importante para los inmigrantes en San Diego y el resto de la nación, pero remarcó que solo es un primer paso.
García lamentó que la última presidencia dejó algunas de las políticas de inmigración más crueles e inhumanas en nuestra región, y reconoció que este proyecto de ley comienza a deshacer algunos de esos errores masivos mediante la reforma de un sistema roto.
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“Pedimos al presidente Biden que siga trabajando en favor de políticas que defiendan los derechos civiles y humanos de los inmigrantes y refugiados, y que reconozca su importancia en el tejido de nuestras comunidades”, puntualizó.
La abogada dreamer señaló que los miembros de la comunidad deben recordar que en este momento esto es solo un proyecto de ley —ninguno de los recursos legales en este proyecto de ley están disponibles para los miembros de la comunidad en este momento— y que los miembros de la comunidad que tengan preguntas sobre su estatus migratorio, deben dirigirse con proveedores de servicios legales de confianza.
Por su parte, Vicki B. Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur, que reúne a organizaciones desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas, mencionó que gran parte de la ley de Ley de Ciudadanía 2021 refleja los valores fundamentales de la nación de dignidad, justicia y equidad.
Ofrece una hoja de ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que forman parte del tejido de este país, de los cuales casi 5 millones viven en la región de la frontera sur, mencionó. Se estima que alrededor de 170 mil inmigrantes indocumentados residen en San Diego, según un reporte del Pew Research Center en 2017.
Al igual que García, Gaubeca opinó que el proyecto de ley es un primer paso importante para unir a las comunidades y deshacer el daño causado por la militarización de nuestra frontera sur.
“Nuestra esperanza es que sea solo el primer paso. Instamos al presidente Biden a que siga replanteando nuestras fronteras y avance hacia una Nueva Visión de la Frontera que defienda los derechos humanos, amplíe la seguridad pública y reciba a todas las personas en nuestra región”.
Para Nancy Maldonado, directora general de Chicano Federation of San Diego County, la Ley de Ciudadanía 2021 es una legislación que debió haberse aprobado hace mucho tiempo.
“La creación de un camino hacia la ciudadanía para los aspirantes a estadounidenses es fundamental”, sostuvo y agregó que durante demasiado tiempo, la comunidad indocumentada, incluidos los trabajadores agrícolas inmigrantes y otros trabajadores esenciales, ha estado cargando con las responsabilidades de la ciudadanía pagando impuestos sin que se les conceda ninguno de los derechos. “Un camino hacia la ciudadanía es la única manera de avanzar”.
Maldonado criticó que aunque el proyecto de ley contiene numerosas disposiciones positivas, como la reunificación de las familias que el gobierno anterior separó y el mantenimiento de las familias unidas, no pone fin a la detención de inmigrantes ni a separar completamente la inmigración del sistema jurídico penal.
Por ello, dijo, que las organizaciones y la comunidad deben seguir presionando a la administración y a los miembros del Congreso hasta conseguir una reforma migratoria radical que transforme el actual sistema de inmigración por uno que adopte un enfoque más humanitario centrado en la equidad y las oportunidades.
La Union Americana de Libertades Civiles o ACLU, de los condados de San Diego e Imperial dijo que como se demostró en las elecciones presidenciales de 2020, los votantes estadounidenses apoyan a las comunidades de inmigrantes y quieren una reforma seria de un sistema roto. Destacó que la Ley de Ciudadanía 2021 proporciona una de las vías de mayor alcance para la ciudadanía y la residencia legal en la historia reciente.
La organización opinó que el Congreso no aprobará fácilmente el proyecto de ley y que la comunidad debe asegurarse de que esta legislación no herede los males del sistema legal penal deficiente y racista, ni conduzca a más despilfarro de dinero para tecnología en la frontera que socavaría el derecho de todos a la privacidad. “Podemos lograr una verdadera justicia para los inmigrantes sin sacrificar las libertades civiles”, expresó en una declaración escrita.
ACLU instó al Congreso a actuar con rapidez y aprobar la legislación, sin que se produzcan compensaciones perjudiciales en materia de fronteras y aplicación de la ley que malgasten el dinero de los contribuyentes e inflijan injusticias a los inmigrantes y a las comunidades.
De acuerdo con las normas del Senado, el proyecto de ley necesitaría 60 votos para su aprobación si algún senador obstaculiza la legislación. Si hay oposición republicana, la Casa Blanca podría dividir el proyecto de ley de reforma en partes para que las secciones con más probabilidades de ser aprobadas puedan aprobarse antes.
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