Este 13 de enero y a través de su cuenta de Twitter, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre el 2007 y 2009, Iván Velásquez Gómez, informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió cesar la protección tenía tras ser perseguido ilegalmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
“Hoy, 13 de enero, la UNP me notificó una resolución del 21 de noviembre, firmada por su director Alfonso Campo, en la que se dispone cesar la protección no obstante que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en nuestro favor aún se mantienen vigentes”, escribió el exmagistrado.
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Además recordó que, el pasado 8 de octubre la Presidencia, acatando una orden judicial, presentó disculpas públicas “por la persecución de que fuimos víctimas por el gobierno de Álvaro Uribe”.
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El perdón a Iván Velásquez
El acto obedeció al cumplimiento de un fallo de segunda instancia del Tribunal de Cundinamarca, que condenó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por las “chuzadas” ilegales de las que fue víctima Velázquez cuando era auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre 2007 y 2009.
En el acto oficiado desde la casa de Nariño, el director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo: “quiero empezar estas palabras reconociendo que el Estado colombiano se equivocó, y le ofrezco señor Iván Velázquez Gómez, las más sinceras disculpas y el firme compromiso que casos como este no se vuelvan a repetir. Una situación que nunca debió suceder”.
El director de la Agencia también mencionó en el acto, donde estuvieron Velázquez Gómez y su familia, que desde el Estado son conscientes de la importancia de fortalecer las relaciones con la sociedad mediante la legalidad, la verdad y el debido respeto de los derechos humanos.
De igual manera mencionó que, el Estado vulneró su buen nombre, su intimidad y su honra, y aclaró que nadie puede ser sometido por la afectación y por la incertidumbre que genera la persecución por agentes del mismo Estado.
“Es totalmente acertado cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señala que estas actividades de inteligencia tienen repercusiones directas sobre el derecho fundamental a la intimidad del Iván Velázquez Gómez y de toda su familia, sin que existiera motivo legítimo y legal entre los años 2007 y 2009”.
Según un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) 101 políticos regionales fueron procesados por relaciones con los paramilitares y 91 congresistas de los cuales 79% de todos los casos hicieron parte de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe.
A su vez el director de la Agencia Jurídica del Estado mencionó que los seguimientos fueron organizados por la directora del DAS María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años por el delito de violación de comunicaciones entre otros, y los subdirectores de inteligencia y operaciones de esta entidad.
Estos “utilizaron los recursos de la entidad a su cargo, avalaron los procedimientos de la agente encargada de su ejecución y recibieron reportes de la información obtenida para luego remitirlos a la Presidencia de la República. Estas acciones son reprochables y desafortunadas para un sistema democrático como el nuestro, enlodan nuestros principios constitucionales y deshonran las entidades que tienen la firme misión de ejercer justicia”.
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Por último, Camilo Gómez, mencionó que estaban comprometidos con Iván Velásquez y su familia a la no repetición de estos actos y aseguró que las autoridades están para proteger a la ciudadanía y no para “violentar su buen nombre, honra e intimidad. La intimidad de cada persona está estrechamente ligada a la dignidad y nada justifica su violación”.
Por otra parte, el director administrativo de la Presidencia, Diego Molano, en una intervención, más corta y menos explícita, también presentó las disculpas al exmagistrado y a su familia y afirmó que “en el departamento administrativo de la Presidencia de la República estamos comprometidos con la construcción de en un país con legalidad, un país que garantice equidad y en el cual se brinden las garantías para el pleno ejercicio de los derechos y deberes por parte de todos los colombianos”.
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