Por Cristián Riego, profesor de la Facultad de Derecho UDP
El Presidente de la República acaba de revitalizar la Defensoría de las víctimas. Esta es una mala idea que cada cierto tiempo sirve para crear un efecto comunicacional, pero que afortunadamente nunca ha sido tomada demasiado en serio por sus promotores.
La noción que está detrás de esta propuesta es la de que si el imputado cuenta con un abogado financiado por el Estado, porque no ha de tenerlo la víctima de un delito. Parece de sentido común, pero no resiste un análisis específico. Primero, porque no es cierto que el conflicto penal sea entre dos ciudadanos: el imputado y la víctima. En todos los países civilizados, el conflicto penal es entre el imputado y el Estado, y esto obedece a la necesidad de sustraer la persecución de los delitos de los intereses privados, concentrándola y racionalizándola en instituciones que actúen gobernadas por la ley.
Las víctimas requieren de apoyo, buen trato y reconocimiento, qué duda cabe. Pero la pregunta es si eso se logra financiado un abogado para que se querelle a su nombre. La respuesta es negativa para la mayoría de los casos. Existen en Chile varios estudios empíricos que muestran que en los delitos comunes, la presencia de un querellante no mejora las posibilidades de que la víctima obtenga una respuesta satisfactoria. La razón de lo anterior es bastante obvia: el abogado de la víctima no cuenta con herramientas para lograr un mejor resultado. Las posibilidades de avance de un caso dependen del trabajo policial y de las decisiones y actuación del fiscal. El querellante tiene poca influencia sobre ambos, no puede prestarles gran colaboración y en algunos casos puede constituirse incluso en un obstáculo.
La frustración de muchas víctimas no tiene su origen en la falta de abogados, sino en un conjunto más complejo de factores. Una buena parte proviene del delito mismo y solo una mejora de largo plazo en la seguridad púbica podría reducirla. Pero otra parte se debe a problemas de funcionamiento del sistema, entre ellos, la falta de acceso a información, un trato poco deferente, exceso de burocratización o malas prácticas de policías o fiscales. Para todo esto es poco lo que un conjunto de abogados querellantes pueda ayudar. Lo que se requiere es establecer para estas instituciones unos sistemas muy fuertes de monitoreo y rendición de cuentas desde la perspectiva de las víctimas. Esto requiere de una gran capacidad técnica y profesional para poder saber qué es lo que policías y fiscales están haciendo mal y eso no se hace litigando caso a caso, sino a partir de una visión sistemática del funcionamiento de la persecución penal, a partir de la cual podrían generarse propuestas de cambio a nivel administrativo y legislativo en pro de una mejora continua.
Hace ya muchos años que nuestro Estado se viene negando a afrontar los desafíos de la criminalidad con una perspectiva técnica y de largo plazo. Nuestras autoridades prefieren anuncios llamativos que no generen mayores responsabilidades posteriores y la idea de la Defensoría de las víctimas es uno de los favoritos. El año 2011, después de muchos anuncios, se reformó la Constitución para establecer la defensa jurídica de las víctimas sin que nada cambiara en la práctica. Ahora se incluyen unas normas bastante inespecíficas al respecto en un proyecto general de asistencia jurídica.
Las autoridades saben que esta es una propuesta que suena bien pero que no tiene mucho sentido implementar. Por eso la sacan a relucir cada cierto tiempo sin que tenga mayores consecuencias.
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