MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) –
Una jueza de Estados Unidos ha bloqueado este lunes las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra los abogados que trabajan con el Tribunal Penal Internacional (TPI) que estén implicados en investigaciones contra el país norteamericano.
La jueza Katherine Polk Failla ha aceptado la petición preliminar de los demandantes a raíz de fundamentos sobre libertad de expresión y ha ordenado a la Administración que no siga adelante con la aplicación de sanciones contra las personas afectadas.
James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, que agrupa a abogados pro Derechos Humanos, ha resaltado que “esta orden preliminar afirma lo que se ha dicho desde el principio”. “Esta orden (de las autoridades) es errónea e inconstitucional, viola nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión”, ha agregado.
“En lugar de gastar tiempo en defender una orden que está en conflicto directo con el histórico apoyo de Washington a la justicia internacional, la Administración entrante (que estará liderada por Joe Biden) debería rescindirla desde el primer día”, ha remachado, según un comunicado de Open Society Justice Initiative.
La demanda, presentada el 1 de octubre por esta organización junto a los profesores en Derecho Diane Marie Amann, Gabor Rona, Milena Sterio y Margaret de Guzman, es la primera contra la orden ejecutiva 13928 y llegó un mes después de que Washington impusiera sanciones contra miembros del tribunal, incluida la fiscal jefe, Fatou Bensouda.
Así, fue presentada contra el presidente, Donald Trump, y otros altos cargos del Ejecutivo, incluidos los secretarios de Estado y del Tesoro, Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente; la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Andrea Gacki; y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr.
Los demandantes recalcaron que la autorización de sanciones es inconstitucional y “daña irreparablemente su trabajo profesional”, al tiempo que agregaron que “es el último de una serie de ataques del Gobierno de Estados Unidos contra el TPI”.
Trump firmó el 11 de junio una orden ejecutiva que abría la puerta a sanciones contra Bensouda, a la que Washington ha recriminado de forma específica unas pesquisas por los posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos. Las sanciones fueron aplicadas el 2 de septiembre.
Tras ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su “preocupación” por el anuncio de las autoridades estadounidenses. “Siempre hemos abogado por la necesidad de una justicia internacional, de la rendición de cuentas y de la lucha contra la impunidad”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
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