El debate que aparece en los medios acerca de la virtudes o desventajas de instalar un tribunal que revise, por arbitrariedad, las sentencias que dictan los tribunales provinciales y nacionales no federales, se da en términos de Montescos versus Capuletos; algo que, lamentablemente, los argentinos practicamos tesoneramente desde hace muchos años.
De un lado, están quienes sostienen que semejante corte garantizaría impunidad a ciertas personas; del otro quienes manifiestan que corregiría la supuesta incuria de la Corte Suprema (CSJN) escudada en el art. 280 del Código Procesal que le permite negarse a resolver recursos sin dar razones.
Discutir en este escenario una reforma tan trascendente es inconducente y peligroso.
La CSJN, cuando entiende que una sentencia es arbitraria (es decir, insostenible como acto jurisdiccional válido), la anula y manda al tribunal competente dictar una nueva que respete los márgenes que posibilita la Constitución Nacional y, en última instancia, las reglas de la lógica.
Ese examen abarca las sentencias en materia penal, pero también todas las demás materias del derecho común (civil, laboral, comercial) y el derecho local (esto es, el derecho que emiten las provincias).
El tribunal proyectado estaría concebido para entender en todos los recursos que se interpongan contra las sentencias que dicten los tribunales de provincia y los nacionales; no los federales.
La Argentina es un país federal, en el que conviven las idiosincrasias propias de las poblaciones de cada provincia. Esa exitosa convivencia es fruto de la sabia aplicación de una misma ley a condiciones distintas, mejor comprendidas por sus tribunales que por los que le elija la Nación.
De ahí que una misma regla pueda ser interpretada por una provincia de modo distinto de como lo es en otra, sin que esto resulte ilegitimo, ni inconsecuente.
Puesto en otros términos, en nuestro país existe un órgano emisor del derecho de fondo (civil, comercial, laboral, penal), el Congreso, y 24 órganos judiciales, los superiores tribunales de provincia, cuyos integrantes son elegidos por los pueblos donde funcionan, que establecen cómo deben ser interpretados esos Códigos en lo que hace a la relaciones entre sus habitantes.
Hasta ahora la CSJN ha establecido cuándo esas interpretaciones exceden el margen de discrecionalidad de cada jurisdicción provincial. Ese sutil examen no sería posible por un tribunal con las facultades de que estamos tratando.
La Constitución de 1949 sustituyó ese régimen por uno centralizado en lo que hace a la interpretación y aplicación del derecho común. Puso a la CSJN a revisar la interpretación de los mencionados códigos eliminando las modalidades locales. Eso no la hace ni mejor ni peor que la Constitución vigente, pero sí menos federal.
No pretendo defender el funcionamiento del sistema judicial argentino, pero la propuesta legislativa en debate justifica una discusión acerca del régimen jurídico que queremos, uno federal perfectible (incluso derogando, por ejemplo, herramientas como el 280) como el actual o uno más unitario.
Juan Pablo Bayle es abogado (UBA). Magíster en Derecho Tributario, UCA. Secretario letrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
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