En estos días hemos leído diversos titulares de prensa relativos al rey o la corona.
Entre otros, los presuntos blanqueos de capitales y cobro de comisiones del rey emérito. El último de ellos ha sido el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una posible ley que regule la transparencia y ejemplaridad del monarca.
En relación con este asunto quiero plantear dos consideraciones.
La primera de ellas referida a la inviolabilidad del rey; esa inviolabilidad que va a impedir que se entren a juzgar los presuntos delitos económicos en que podría estar involucrado Juan Carlos de Borbón. Parece ser que no se va a cuestionar en esta pretendida reforma dicha situación, la cual coloca a una persona fuera del alcance de cualquier reproche jurídico y deja sus posibles o presuntas actuaciones ilegales en el terreno de las valoraciones éticas o morales.
Como hasta ahora, según esto ninguna actuación de este ciudadano, jefe del Estado y rey por derecho de herencia, conllevará una condena legal por muy tipificada que pudiera estar en nuestro código penal.
Esto me lleva a la segunda consideración.
Cerrado el camino de los tribunales, no nos queda otra vía a la ciudadanía que utilizar el derecho a la libertad de expresión para ejercer la crítica a la institución.
Una vez que el rey ha dejado de ser soberano (lo es el pueblo según el artículo primero de la Constitución), hemos de ser los propios ciudadanos y ciudadanas, incluidos los medios de comunicación en uso de la libertad de prensa, quienes debemos tener entonces la posibilidad de poner de manifiesto que el rey ejerciente haya podido actuar al margen de la ley, de disentir de las actuaciones en la labor de representación de la jefatura del Estado, o de entender innecesaria la existencia de la propia monarquía.
Sin embargo, parece ser que también esta posibilidad se cierra en este país, ya que existe en nuestro código penal, y no tiene tampoco visos de cambiar tras esta supuesta reforma, el delito de calumnias e injurias a la corona.
En aplicación de los artículos 490.3 y 491, desde tiempo atrás se ha venido cortando de raíz toda posibilidad de crítica social al rey, de manifestación contraria a su persona o al ejercicio de su labor, no digamos ya cuando lo que se pone en cuestión es la propia existencia de la monarquía. Cada acto de este tipo, esta vez sí, es vigilado, investigado, censurado y muchas veces judicializado y condenado. La lista de personas encausadas, de publicaciones secuestradas, de multas impuestas, es larga y variada, podemos hacer un repaso en la hemeroteca€ Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la más alta instancia en defensa de estos derechos en Europa, ha venido reprochando a la justicia española muchas de estas condenas por considerar que existe en ellas una vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo diez, es decir, del derecho a la libertad de expresión. Según los jueces europeos, estos actos deberían ser interpretados como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta en un debate de interés público, el de la institución de la monarquía. En un contexto así, considerar estos hechos como delito (incluidos actos como la quema de fotos del rey) “podría afectar al pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras sin las cuales no hay una sociedad democrática”.
En un estado social y democrático de derecho debe existir la posibilidad de que cualquier persona responda ante un hecho tipificado por la ley como delito, y en el caso de nuestros representantes en mayor grado, puesto que la ciudadanía les ha dotado de una serie de privilegios en ejercicio de sus cargos de los que los demás no somos poseedores.
Cuando esto, en el caso que nos ocupa, según la propia ley resulta imposible (¿paradójico verdad?), es necesario ejercer con decisión la defensa de la libertad de expresión para que el rey, su comportamiento o la institución de la corona puedan ser cuestionados y fiscalizados.
En estas estamos cuando en Iruña han sido llamados a declarar ante la Audiencia Nacional por presunto delito de injurias a la corona doce personas. Mientras, su majestad, que parece suplantar a los tribunales en sus mensajes sobre Cataluña pero que no condena cartas de exmilitares ni chats animando a fusilamientos, que se desvincula de los actos de su padre, como si no hubiera recibido de él la corona y éste, antes de él, del dictador Franco, seguirá gozando de inviolabilidad, aun más, en España no solo es inviolable, hoy por hoy también es irreprochable.
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