Estamos ante uno de los grandes desafíos de la sociedad, que nos pone a todos en acción para trabajar uniendo fuerzas, en modo cooperación global. Representa el nexo entre varios derechos fundamentales: equidad – igualdad real de oportunidades, teniendo en cuenta los factores que hacen que ciertos grupos de la población se encuentren en “desventaja” respecto a otros (género, edad, raza, sexo, discapacidad…), no discriminación, inclusión-accesibilidad y derecho a la participación en la vida pública y laboral. De forma que todos, hombres y mujeres, decidan el rumbo de sus vidas, en la seguridad y dignidad, utilizando los recursos naturales de manera sostenible.
La consecución de estos derechos requiere esfuerzo por parte de todos los actores sociales: gobiernos, empresas y sociedad civil juegan un papel clave a la hora de habilitar la justicia social, romper con las injusticias estructurales inherentes a nuestros modelos sociales y económicos (diversidad, igualdad de oportunidades, educación, trabajo digno…); y afrontar desde una perspectiva justa los retos del futuro (refugiados climáticos, robotización e inteligencia artificial…).
Debemos garantizar que la justicia social, sea algo estructural en nuestra forma de actuar, y eso solo podemos conseguirlo si consolidamos el concepto de debida diligencia frente a los demás, en nuestra gestión y en nuestras decisiones individuales.
“¿Realmente pensamos en los demás, y actuamos con debida diligencia?
Sí lo hacemos, la justicia social estará presente y será una consecuencia ineludible”
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