Los periódicos (omitiendo “digitales” por haberse convertido ya en pleonasmo) son los cronistas, segundo a segundo, de la Historia del mundo. La escriben a dos bandas. El canal de la intrahistoria siempre será mucho más importante que el UHF, esa “segunda cadena” de la televisión del siglo pasado.
La sociedad civil es uno de los principales actores de la historia contemporánea, al menos de esa intrahistoria. Sociedad civil también es el espacio cívico de una comunidad de lectores, la de este periódico, que persigue avanzar en intereses comunes en las cuestiones locales, nacionales o internacionales, acometiendo acciones ciudadanas autónomas y en libertad.
Hasta la fecha del nacimiento de EL ESPAÑOL, a finales de 2015, era necesario invocar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y su desarrollo posterior como marco ético del periodismo. Cuando habla de la libertad de expresión del individuo incluye “el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La reivindicación del derecho a la información como condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia y el Estado de Derecho ha sido una constante, que exigía a las empresas periodísticas que contribuyesen a que se respetaran los derechos humanos. La labor de la prensa debe poner de manifiesto todas sus violaciones.
Cualquier noticia que nos venga a la mente trata sobre un derecho humano o su vulneración. No hay pieza en un diario que no trate uno o varios de estos temas a la vez: vida, salud, vivienda, educación, empleo, descanso, integridad, libertad (incluida la de pensamiento y expresión), democracia, nacionalidad, igualdad, no discriminación, solvencia económica mínima, dignidad y respeto.
Pero la globalización es ambiciosa en la defensa de las sociedades y en su mejora. Tanto como debe serlo la prensa. Así, mientras se gestaba el nacimiento de EL ESPAÑOL, en septiembre de 2015, en Nueva York se reunía la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Allí, dirigentes de 170 países, aprobaron la Agenda 2030. El lustro que nos separa de aquella fecha ha hecho habitual en las solapas de políticos y representantes institucionales ese símbolo circular con colores del arco iris.
La Agenda 2030 comprende, como una evolución de los incompletos Objetivos de Desarrollo del Milenio, una lista de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 167 metas conexas, que dibujan el paraguas de las políticas estatales y supranacionales para quince años, de los que ya hemos consumido un tercio.
No en vano, los ODS condensan el trabajo consultivo más amplio y participativo de Naciones Unidas, sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos.
El hecho de que los lectores pasen a formar parte de la familia de EL ESPAÑOL, convirtiéndose en suscriptores, haciendo de este diario su comunidad, fomentando su sentido de independencia, es fundamental para perseverar y crecer en la defensa de los derechos humanos.
La libertad y la independencia son los estandartes de la denuncia y para eso, necesitamos incrementar nuestra comunidad de suscriptores. Nuestro compromiso se fortalecerá con vuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos civiles, políticos, sociales y culturales.
El modo de informar del periódico coincide con la Agenda 2030 en su afán transformador para “la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y las iniciativas conjuntas”.
Asumimos el impulso de “sociedades más pacíficas, justas e integradoras, libres del miedo y la violencia”.
Dedicamos especial atención a la gobernanza democrática, el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la seguridad personal (ODS 16).
Propugnamos un contexto internacional propicio (ODS 17 y en todo el conjunto de la Agenda), insistiendo en la responsabilidad de todos los Estados de “respetar, proteger y promover los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición”.
Volviendo a la vigencia actual de la Declaración Universal de 1948, decía Eleanor Roosevelt que “las grandes mentes discuten las ideas; las mentes promedio discuten los eventos; las mentes pequeñas discuten con la gente”.
Quienes se suscriben a EL ESPAÑOL no buscan la bronca, la discusión o el desahogo de la frustración. Los lectores de este periódico discuten las ideas, con o sin el pretexto de los eventos. Las grandes mentes suelen ir unidas a grandes motivaciones. Por eso, esperamos la aportación de esas personas que suman, que multiplican con su pertenencia al grupo, a un grupo unido por una lengua, por un idioma que nos hace parte de una corriente defensora de los derechos civiles y políticos, pero también de los económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa es nuestra concepción integral de la justicia y la libertad.
***Cruz Sánchez de Lara es abogada, presidenta de Thribune for Human Rights, directora para Europa de International Human Rights Legal y Vicepresidenta de EL ESPAÑOL
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