Un año después de la exhumación de Franco: ocho incógnitas por despejar

A las 11.48 horas del 24 de octubre de 2019, sin periodistas como testigos, los operarios de la funeraria extrajeron el ataúd con los restos de Franco tras tardar 63 minutos en retirar la losa de granito de 1.500 kilos de peso que tapaba la fosa habilitada en la basílica del Valle de los Caídos y en la que se había introducido la caja el 23 de noviembre de 1975. Tres horas después, tras completarse el traslado en un helicóptero del Ejército del Aire, los familiares del dictador colocaron el féretro en un panteón que tiene el Estado en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo. Se cerraba así una página de la Historia casi medio siglo después.

Hace justo hoy un año que tuvo lugar la exhumación de Franco. Ésta se produjo después de que el Tribunal Supremo hubiera avalado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que semanas después de llegar a La Moncloa -tras prosperar la moción de censura contra Rajoy- anunció su intención de sacar al dictador de Cuelgamuros en cumplimiento de la proposición no de ley que el Congreso había aprobado en mayo de 2017. Ese compromiso logró ejecutarlo una semana antes de que empezara la campaña de las elecciones generales del 10-N, cita tras la que pudo formar gobierno después de alcanzar un pacto de coalición con Unidas Podemos. El mundo no había escuchado entonces hablar del SARS-CoV-2, el coronavirus que ha causado ya más de 1,1 millones de muertes en todo el planeta y contra el que no hay aún una vacuna.

La efeméride tiene lugar el mismo día que el Papa Francisco recibe en audiencia oficial a Pedro Sánchez en el Vaticano y se produce semanas después de que el Ejecutivo enviara al Congreso de los Diputados el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, el texto que viene a sustituir la norma aprobada por Rodríguez Zapatero en 2007 y que plantea la resignificación del Valle de los Caídos para que no sea un recinto de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. A la espera de su tramitación, prevista para final de año, hay algunas incógnitas que no se han despejado aún.

El futuro del Valle de los Caídos. El anteproyecto de ley marca ente los objetivos la «resignificación» del Valle de los Caídos «como lugar de memoria democrática con una finalidad pedagógica». Se trata de dar a conocer las circunstancias de la construcción del complejo, el periodo histórico en el que se desarrolló y lo que representa a fin de «fortalecer los valores constitucionales y democráticos». El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha detallado aún qué medidas piensa poner en marcha para alcanzar dicha finalidad, que entronca con la recomendación que formuló la comisión de expertos a la que José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en Cuelgamuros. Dichos especialistas proponían una «actuación integral» que proporcionara una «relectura completa del conjunto monumental» a partir de la utilización de la explanada delantera y zonas adyacentes. «El objetivo de la resignificación integral no es otro que el de expresar la centralidad de la víctima mostrando documentalmente y evocando simbólicamente el vacío ético que generó la Guerra Civil con la muerte», justificaron.

¿Y la abadía benedictina? Aunque explícitamente el texto enviado al Parlamento no lo dice, en el seno de la comunidad benedictina está instalado el convencimiento de que el Ejecutivo busca su expulsión del Valle de los Caídos. Máxime tras el pulso que el prior, Santiago Cantera, mantuvo con la vicepresidenta Carmen Calvo durante toda la tramitación del proyecto de exhumación de Franco. Los religiosos se oponían al traslado de los restos argumentando que el desenterramiento no contaba con la aprobación de la familia del dictador. ¿Puede unilateralmente el Gobierno decretar la salida de Cuelgamuros de esta congregación? El establecimiento de la abadía benedictina se llevó a cabo tras el convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -creada en agosto de 1957 para administrar el conjunto monumental a través de un patronato- firmó con el abad de Silos el 29 de mayo de 1958. Uno de los objetivos fundacionales era mantener el culto litúrgico y Franco confió esa tarea a la orden benedictina, que se comprometía a crear un cenobio «independiente». En su punto 2, dicho convenio establece que su duración es «indefinida» y reconoce el derecho de los monjes a «percibir los productos de los bienes fundacionales y a permanecer en la Fundación». De aprobarse la Ley de Memoria Democrática en los términos en que se ha redactado el anteproyecto, la citada fundación se extinguirá «por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales» y, mediante un real-decreto, se establecerá el nuevo marco jurídico que determine la «organización, funcionamiento y régimen patrimonial». Sobre el papel, la vinculación está amparada por los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y no podría romperse, salvo instrucción expresa del Vaticano o del abad de Solesmes (superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos).

¿Desacralización de la basílica? El anteproyecto de ley no da pistas sobre si el plan de «resignificación» del Valle de los Caídos que pretende acometer el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye también la desacralización del templo, elevado a la categoría de basílica menor por el Papa Juan XXIII en abril de 1960. Ese hipotético plan no sería fácil de ejecutar salvo que la Iglesia accediera. El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, consagra la «inviolabilidad» de los lugares de culto «con arreglo a las leyes». Y añade: «No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa, será antes oída la autoridad eclesiástica competente».

Podemos y la demolición de la cruz. «Proponemos demoler la cruz y utilizar los residuos en un proyecto de dignificación del espacio en los dos patios principales del monumento». Ésta es una de las propuestas que defiende Podemos para el Valle de los Caídos, según se detalla en el documento que la formación liderada por Pablo Iglesias dio a conocer a finales de septiembre de 2018. Entonces era un partido en la oposición, hoy forma parte del Gobierno de coalición. El gabinete de Pedro Sánchez no ha aclarado aún si su intención es la de desmontar la cruz de 150 metros de altura y 46,40 metros de longitud de brazos que corona el monumento dentro de los planes que proyecta para transformar el conjunto monumental erigido a los pies de la Sierra de Guadarrama. «Los comunistas no esconden esa intención y los socialistas se pliegan a los comunistas en una vieja táctica bien conocida de dos pasos adelante y uno atrás. Yo creo que, en el momento oportuno, demolerán la cruz. Es su objetivo final», sostiene el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Juan Chicharro. Éste lamenta que el PP incumpliera su palabra de presentar recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley por el que el Ejecutivo modificó en agosto de 2018 la Ley de Memoria Histórica para poder llevar a cabo la exhumación del ex jefe del Estado, al tiempo que relaciona con las inmatriculaciones de los bienes la «docilidad» exhibida por la jerarquía eclesiástica con el traslado de los restos del dictador.

Montaje elaborado por Podemos sin la cruz que corona el complejo monumental.

Los monjes enterrados, ¿serán exhumados? «En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas», estipula el anteproyecto de Memoria Democrática en el artículo 55.4. La aplicación estricta de esta norma conllevaría el traslado de los restos de la veintena de monjes que están enterrados en el cementerio del monasterio y de las otras 172 personas que descansan en el interior del templo y que murieron después de que hubiera terminado la contienda. Ese requisito ya se incluía en el real decreto-ley de 2018. Un año después, tan sólo Franco ha salido de Cuelgamuros.

La sepultura de José Antonio Primo de Rivera. Si ve la luz la ley que ahora está en el Parlamento, los restos de José Antonio Primero de Rivera tendrán que reubicarse en un lugar menos preeminente del recinto. El fundador de la Falange fue inhumado delante del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos el 30 de marzo de 1959. Era la tercera sepultura. Fusilado el 20 de noviembre de 1936 en el patio de la prisión de Alicante, su cuerpo fue depositado inicialmente en una fosa del cementerio alicantino de Nuestra Señora del Remedio antes de su traslado -en noviembre de 1939- al monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). A la espera de acontecimientos, los descendientes de Primo de Rivera han eludido hasta el momento opinar públicamente sobre las intenciones del Gobierno y su preferencia en cuanto a una hipotética nueva ubicación.

Los restos de las 33.847 víctimas de la Guerra Civil. El anteproyecto de ley consagraría también la disposición del Ejecutivo a atender las peticiones de exhumación que formulen descendientes de personas inhumadas en el Valle de los Caídos, como ya ha hecho una treintena de familias. En los osarios de la basílica de Cuelgamuros hay enterradas al menos 33.847 víctimas de la Guerra Civil. La mezcla de restos óseos y el deterioro que previsiblemente presentarán los huesos debido al tiempo transcurrido convierten la identificación genética de los restos cadavéricos en una tarea de «extrema dificultad», como ha reconocido el comité científico-técnico del Consejo Médico Forense -órgano estatal que asesora al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado- en el informe que le encargó el consejo de administración de Patrimonio Nacional en agosto de 2018. En casos de imposibilidad técnica de exhumación, el Ejecutivo abre la puerta a llevar a cabo una reparación «de carácter simbólico y moral». 

Estrasburgo, última parada. Después de no prosperar los recursos interpuestos ante el Supremo y el Constitucional (TC) para evitar la exhumación, los nietos de Franco presentaron el pasado 4 de marzo una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que la decisión del Gobierno de imponer el traslado y reinhumación de los restos de su abuelo en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, entienden que los acuerdos del Consejo de Ministros infringen el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo. La familia se opuso a la exhumación y planteó como alternativa para la reinhumación la cripta que tienen en propiedad en la catedral de la Almudena, posibilidad que rechazó de plano el Ejecutivo de Pedro Sánchez aduciendo razones de seguridad. La Corte de Estrasburgo tiene que decidir aún si admite a trámite la demanda (registrada con el número 13.145), trámite que se ha retrasado debido a la pandemia por el coronavirus. También llamará a la puerta del TEDH la comunidad benedictina, si bien no será antes de que el TC -el Supremo dilucidó su recurso meses después de resolver el de los Franco- se pronuncie sobre el amparo que ya han presentado.


Crédito: Enlace fuente

RelacionadaPublicaciones

Publicación siguiente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PUBLICACIÓN DESTACADA

SELECCIÓN DEL EDITOR