València, 21 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha reconocido el derecho del PP en Les Corts a tener acceso al expediente abierto por la Conselleria de Economía a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del president, tras la denuncia presentada por À Punt por posible concertación de precios.
En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso EFE, se valida la protección de los derechos fundamentales esgrimida por la diputada Eva Ortiz contra la resolución del pasado 18 de mayo de la Conselleria de Economía relativa a la solicitud de documentación al Consell.
La Conselleria solo facilitó al PP un documento en el que reconocía que había incoado un expediente sancionador contra las mercantiles Kriol Productions, Canal Maestrat, Visualiza y Comunicacions dels Ports por supuestas conductas prohibidas en la ley de Defensa de la competencia, y que éste estaba en fase de instrucción.
Además, indicaba que la normativa no permite a las autoridades responsables dar traslado de las actuaciones pues se pretende “asegurar y no poner en riesgo los derechos de defensa de las partes interesadas” y “los legítimos derechos de terceros al hecho de que no se revele información sensible”.
Sin embargo, Eva Ortiz sostuvo -con el apoyo de la Fiscalía- que la respuesta obtenida supuso en la práctica la negación del acceso a la determinada documentación, con lo que se vulneraba su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos en ejercicio de su función como diputada.
Así, la sala concluye que “asiste la razón a la Generalitat en su alegato de que cabe la denegación de acceso a la documentación interesada por un parlamentario cuando existan razones fundadas en Derecho que así lo justifiquen, pues no se trata de un derecho sin límites”.
“Sin embargo, ninguno de esos preceptos justifica la negación de la información que instó la diputada por parte de la Conselleria de Economía. O, como mínimo, no se justifica el proceder de la Consellería de Economía”, sostiene.
En consecuencia, se declara que la respuesta que dio Economía es contraria al ordenamiento jurídico y queda anulada, y se reconoce el derecho de la portavoz adjunta del PP a obtener la documentación solicitada.
La sala impone además las costas procesales a la Generalitat, con un máximo de 1.500 euros. EFE
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