Dos integrantes del Observatorio Luz Ibarburu, su coordinador, Raúl Olivera, y el abogado Pablo Chargoñia, valoraron los procesamientos registrados en 2020 a responsables de crímenes de terrorismo de Estado. Asimismo, advirtieron que integrantes del actual gobierno pretenden interrumpir el desarrollo de las investigaciones judiciales en curso.
El abogado Pablo Chargoñia resume lo acontecido el pasado año en la esfera judicial en relación con las causas vinculadas con la violación a los derechos humanos en la última dictadura militar: hubo procesamientos en nueve causas penales sobre crímenes de lesa humanidad; fueron juzgados los responsables de los homicidios de Iván Morales (PVP), Nelson Berreta (MLN) y Julián Basilicio López (PCU), así como de la tortura sufrida por más de 70 militantes de izquierda en unidades militares y policiales entre los años 1972 y 1983; y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió el procesamiento con prisión de más de 40 ex funcionarios.
Chargoñia, patrocinante en múltiples causas, recordó que hasta el presente han sido enjuiciados y condenados 45 ex represores, 69% de ellos retirados del Ejército. Por su parte, Olivera considera que el año pasado hubo “una mayor productividad desde el punto de vista de la cantidad de procesamientos que se han realizado”, generada por “el agotamiento de todas las instancias y de las chicanas jurídicas, especialmente los recursos de inconstitucionalidad, que presentaron las defensas de los militares durante este período”.
Otro elemento que, según Olivera, incidió en el aumento de los procesamientos fue la actividad desplegada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, creada en 2018, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe. Esta “ha sido la única política eficaz” instrumentada por el Estado uruguayo a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el denominado “caso Gelman”. En dicha sentencia, emitida en 2011, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de María Claudia García de Gelman y restó valor jurídico a la Ley de Caducidad o de Pretensión Punitiva del Estado.
La sentencia en el caso Gelman fue un factor determinante para avanzar en las diversas causas vinculadas con el terrorismo de Estado, al igual que lo ha sido la labor del Observatorio Luz Ibarburu, agregó Olivera. “Habría que hacer una suerte de prospección de qué hubiera pasado si todas las causas hubieran quedado al albedrío de la voluntad política del Estado, de no haber mediado la sentencia del caso Gelman y la existencia del Observatorio, que sigue siendo la única base de datos global de los crímenes del terrorismo de Estado”. A su vez, “la existencia de la Fiscalía [Especializada en Derechos Humanos] permitió que muchas causas que antes corrían de forma separada, a pesar de que habían ocurrido en el mismo momento, en el mismo lugar y con los mismos actores, se ordenaran y se acumularan. Ahora la Fiscalía adoptó una política, que nos parece adecuada, de ordenar las causas según los centros de represión y períodos”, valoró.
Olivera lamenta que la Fiscalía “no actúe de oficio” y “sólo lo haga a partir de las denuncias”. “Esa es la gran diferencia que tenemos” con esa dependencia, señaló. En tanto, Chargoñia aclaró que esa unidad cuenta con una cantidad “muy restringida” de profesionales y “padece problemas presupuestales”, a pesar de que “tiene alcance nacional”.
Debates y perspectivas
Chargoñia dijo que todavía existe una discusión en los diversos niveles del Poder Judicial sobre el modo en el cual deben ser juzgados los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. “La mayoría” de los jueces de primera instancia entiende que “esos crímenes de terrorismo de Estado configuran lesa humanidad, mientras que en otros niveles a veces consideran que son delitos ordinarios”. Consideró que este “es un debate de enorme importancia para la solidez democrática, relacionada con cómo se resuelve esa situación con los violadores de los derechos humanos”.
“Las diferencias surgen entre la Justicia de primera instancia, los tribunales de apelaciones y la opinión de la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia”, detalló. Para el abogado la decisión de la Justicia “de clausurar algunas investigaciones contradicen lo que dicen el derecho internacional y la sentencia del caso Gelman, que obligan a investigar sobre las graves violaciones a los derechos humanos” y establecen que no prescriben.
Esa batalla jurídica podrá ser más profunda en los próximos meses, en función de los posicionamientos que esgrimen los integrantes del actual gobierno, advirtieron Olivera y Chargoñia. Ambos recordaron los cuestionamientos realizados el pasado año por el senador Guido Manini Ríos y el ministro de Defensa, Javier García, sobre los procesamientos de los represores responsables de las muertes de Iván Morales y de Nelson Berreta, respectivamente.
Hay otros frentes que son observados con atención por las organizaciones de derechos humanos: el nombramiento del próximo fiscal de Corte, previsto para 2022, que sustituirá al actual, Jorge Díaz, y la designación de los futuros miembros de la Suprema Corte de Justicia. “Vemos un ataque permanente contra el fiscal de Corte, que ha tenido una posición clara con respecto a las obligaciones que tiene el Estado uruguayo” con relación a los crímenes de terrorismo de Estado, por las cuales “Uruguay tiene que investigar y castigar” a los responsables, señaló Olivera. “El cambio del fiscal Jorge Díaz será un elemento que va a jugar desde el punto de vista negativo, porque seguramente se promoverá a un fiscal de posición más retrógrada sobre la posibilidad de investigar” esos crímenes. “Más allá de la independencia técnica y jurídica que tienen jueces y fiscales, no hay ninguna duda de que siempre opera el clima político existente”, advirtió Chargoñia, que recordó “el permanente cuestionamiento a los funcionarios judiciales que avanzan contra los crímenes de la dictadura” y consideró que “hay una lucha por deslegitimar a quienes juzgan” esos delitos.
Quizá una forma de restringir la interferencia del poder político en el ámbito judicial sería otorgar una mayor participación a la sociedad civil en la designación de los funcionarios de mayor relevancia judicial. “Hay una necesidad de que las organizaciones sociales participen en el análisis de los diferentes candidatos a fiscal de Corte y de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, porque ha habido una ausencia de la sociedad civil en los procesos de selección de los altos cargos, que no pueden quedar restringidos a negociaciones, a veces un poco oscuras, entre los partidos políticos”, reclamó Chargoñia.
Las chicanas, los recursos de inconstitucionalidad y las interferencias políticas en la Justicia también encuentran en el paso del tiempo un aliado. “Siempre hay una lucha contra el paso del tiempo que está planteada, y de alguna manera las diferentes defensas de los represores buscan que la mayoría de ellos mueran sin ser procesados y menos condenados”, lamentó Olivera.
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