Sube la marea, baja la marea

El 2020 cerró con un avance importantísimo en materia de derechos para las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina: la legalización del aborto, que entró en vigencia el 24 de enero. Eso vino después de que se garantizara este derecho en Uruguay hace unos años: el país vecino sirvió para mostrar cómo esta medida no aumenta los abortos, pero sí disminuye la muerte de mujeres y niñas. De la misma manera, uno de los efectos de la ley argentina es que se empezara a discutir lo mismo en Chile, un país que desde la dictadura de Pinochet no tenía ni causales y que en los últimos años avanzó hacia un modelo más parecido al colombiano.

El movimiento por el derecho a decidir con frecuencia recibe el nombre de “marea”, porque las iniciativas por la legalización y la despenalización son contagiosas: que un país legalice hace que la conversación sobre aborto se replique en otros países y esto ayuda a la despenalización social, que a su vez sienta la base para los avances legales.

La metáfora de la “marea” es muy acertada también porque cuando el agua sube en un lugar, disminuye en otros. Y así sucede en este momento en Latinoamérica con el movimiento por el derecho a decidir. En otras regiones, la Marea Verde ha tenido un efecto adverso, una embestida de los antiderechos para pasar leyes retardatarias. Primero pasó en Honduras: un país en donde el aborto está criminalizado de forma absoluta y ni siquiera se permite el uso de la anticoncepción de emergencia, que no es abortiva. Hace unas semanas el Congreso pasó una ley que hace una reforma al artículo 67 de la Constitución, para impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro. Fue una movida populista, porque el aborto ya estaba prohibido, y oportunista: usó la legalización en Argentina para justificar el recrudecimiento de barreras en Honduras.

Lo mismo pasó en el estado de Aguascalientes en México, en donde se hicieron reformas a la Constitución del estado para “proteger” la vida desde la concepción hasta la “muerte natural”. Estas reformas constitucionales no eliminan la causal de violación, es decir, mujeres y niñas pueden seguir abortando en Aguascalientes bajo esta causal, pero sí impide procedimientos como la fertilización in vitro. El retroceso también es una movida populista y una muestra de cómo los antiderechos están convocando a sus bases de votantes.

En Colombia también rondan proyectos de ley similares en el Congreso, pero tienen pocas probabilidades de pasar pues son inconstitucionales. Afortunadamente, lo que sí tiene posibilidades es el reclamo del movimiento Causa Justa, que busca sacar el aborto del Código Penal. La abogada Mariana Ardila lo explica en Ámbito Jurídico: “Estamos denunciando las violaciones a derechos fundamentales que genera cualquier uso del derecho penal en este campo, tanto para las mujeres más vulnerables como para el personal de salud. También estamos poniendo en tela de juicio su efectividad para proteger la vida prenatal. En otras palabras, incluso un régimen como el argentino, mientras esté enmarcado en lo penal, seguirá produciendo las mismas violaciones a la Constitución”, porque la persistencia del delito genera estigmas que dificultan la despenalización social. El movimiento Causa Justa cumplió ayer su primer aniversario y se espera que pronto haya un fallo de fondo por parte de la Corte Constitucional.

Los derechos humanos no avanzan de forma lineal y escalonada. Como las olas, implican un ir y venir, se adelanta y se retrocede, los progresos son lentos y a veces accidentados. Por eso es tan importante no bajar la guardia: cuando avanzamos en derechos, los antiderechos ganan una estímulo para organizarse. Que sea también una motivación para que trabajemos juntas a favor del derecho a decidir.

@Catalinapordios