Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llamó a dar versión a los Generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y quien fue comandante de la XX Brigada de Inteligencia, Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Además de José Mansilla García, Emiro Rojas, Manuel Antonio Gonzáles Henríquez y otros ocho miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta participación en los crímenes cometidos contra los que fueron miembros del partido Unión Patriótica (UP) en la década de los 80.
El proceso se enmarca en el caso 006 de la JEP titulado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP), en el que el alto tribunal busca esclarecer la responsabilidad de los múltiples homicidios y delitos que se cometieron contra la UP cuando su protección estaba a cargo del DAS. Según en Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) , el exterminio de este partido político dejó más de 6.000 víctimas, entre militantes y simpatizantes.
Entre los casos que se investigarán, a partir de las versiones que se escuchen en la JEP desde febrero de 2021, está el homicidio de los excandidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, el del militante José Antequera, el Diputado de Antioquia, Gabriel Santamaría y el de la alcaldesa de Apartadó Diana Stella Cardona.
La Sala de Reconocimiento consideró que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización y por eso se incluyó como macrocaso. De acuerdo con los tres informes recibidos por la JEP hasta 2019, los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica.
Hasta el momento, hay 150 víctimas acreditadas por la Jurisdicción. Con los testimonios también se busca avanzar en los crímenes cometidos contra la UP en el Magdalena Medio, el Nordeste Antioqueño, Medellín y Urabá en los 80 y 90, además de otros casos en el Tolima.
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El CNMH estima que hubo 4.153 personas asesinadas, desaparecidas o secuestradas entre mayo de 1984 y diciembre de 2002. Entre ellas, 3.122 fueron víctimas de asesinatos colectivos, 544 sufrieron desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en diferentes modalidades de violencia.
Entre los presuntos responsables la Sala señala también a grupos paramilitares, terceros civiles, la fuerza pública y a los agentes del Estado. De estos últimos hasta 2019, 13 exagentes del DAS pedían pista en la JEP .
Renuncia un magistrado de la Sala de Reconocimiento
Argumentando “motivos personales”, en declaraciones al diario de Bogotá El Espectador, el magistrado Iván González dejará su cargo en la segunda semana del mes de enero de 2021, en específico hasta el 12 estará en el cargo de presidente de la Sala de Reconocimiento.
González estaba a cargo del caso 07 de Reclutamiento y utilización de niños y niñas durante el conflicto armado.
La posición de González estaba fuertemente cuestionada por sectores políticos que consideraban su actitud como lenta ante la necesidad de mostrar resultados contundentes contra la guerrilla de las Farc.
Sin embargo, este contó con el apoyo de la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien insistió que los resultados a los que llegara González debían ser respetados en el marco de la división institucional de poderes proclamada por la Constitución. Prueba de ello fue que en octubre, González cuestionó duramente a alias “Joaquín Gómez” sobre los procedimientos de abortos forzados en dicha guerrilla durante una audiencia en Riohacha.
Dentro de sus últimas apariciones, estuvo con Linares contándole al país que las Farc habían admitido su responsabilidad en el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco víctimas.
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