Gilberto Toro, un abogado especializado en Derecho Administrativo en la Universidad de Medellín, parece ser el cerebro que está detrás de la idea de extender el período de los congresistas, alcaldes, gobernadores y del presidente Iván Duque.
Toro, además, es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), que congrega a más de 800 alcaldes de todo el país, con excepción de las capitales. Y en eso radica su poder político y hasta económico.
Este exalcalde de Jericó, Antioquia, según la página web de la FCM, se ha desempeñado como secretario alterno del Capítulo Latinoamericano de la Unión de Autoridades Locales, Iula/Celcadel, es miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del BID, de la Red Latinoamericana de Entidades de Capacitación y actúa como representante delegado en más de quince entidades del orden nacional.
«Tiene la experiencia de haber sido alcalde de Jericó (Antioquia) durante dos periodos consecutivos y recibió el honor al ‘Mejor alcalde de los municipios pequeños’ de Antioquia. En este mismo departamento se desempeñó como Secretario Privado del gobernador, Secretario para la juventud, Subsecretario de gobierno, Secretario de gobierno encargado, así como Secretario del Concejo de Medellín”, señala la web.
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Toro comenzó de la mano del excongresista y exministro conservador Fabio Valencia Cossio hasta que logró quedar como director ejecutivo de la FCM, cargo en el que está desde 1996.
Si bien al inicio era una organización poco conocida y de bajo perfil político, Toro se encargó, en pocos años, de convertirla en una agremiación muy poderosa, no solo desde el punto de vista político, sino económico.
Cuando a los alcaldes de varias capitales no les gustaron mucho las actuaciones de Toro, se apartaron de esa Federación y montaron toldo aparte.
Eso le sirvió al abogado antioqueño, pues se quitó de encima los grandes problemas de las capitales y la fuerza de los actores políticos de esas ciudades, con lo que se atornilló a su puesto y se convirtió en el enlace clave de los alcaldes de pequeños municipios con el Gobierno central.
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Pero no fue lo único, sino que él logró que la Federación no se nutriera exclusivamente de los aportes de los municipios, sino que la metió en grandes convenios y negocios.
En el 2009, por ejemplo, hubo un escándalo cuando la FCM adjudicó una licitación por cuatro billones de pesos, a 15 años, a la empresa Sarpa, con el fin de crear una flota de aviones-ambulancia para poder movilizar a personas enfermas desde regiones apartadas del país.
Es más, en agosto de ese año Toro les envió una comunicación a las EPS para que les cancelaran 350.000 millones de pesos, con el fin de poner en marcha las ambulancias aéreas y el proyecto de telemedicina en el país.
Les planteó que dicha transferencia fue autorizada en el artículo 6 de la Ley 1151 del 2007, que le dio vida al Plan Nacional de Desarrollo.
Para nadie es un secreto que Toro es una persona que tiene ascendencia en el Congreso, que los parlamentarios lo atienden y escuchan. Y prueba de esto es que ha logrado que proyectos que son de su interés o de los alcaldes se tramiten sin grandes dificultades.
Por eso no es raro que ahora, de la mano con ampliar el período del Presidente y los diputados, lo que esté buscando es cumplirles a los alcaldes en la posibilidad de que tengan dos años más de mandato. Y por ahí derecho propone que los congresistas también tengan algunos beneficios, para interesar a algunos en el asunto.
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Las fotomultas
Si bien a comienzos del 2019 el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los delitos de usurpación de funciones y hurto agravado, por supuestamente haber firmado convenios para quedarse con el 10 por ciento del recaudo del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito (Simit) en algunos municipios, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público encontró argumentos suficientes para abrirle investigación disciplinaria formal por el manejo de parte de esos dineros.
Denuncias como la de la Alcaldía Mayor de Bogotá señalaron en su momento que la Federación ha utilizado parte del recaudo de multas por infracciones –cometidas en la misma ciudad en que está matriculado el vehículo infractor– para su propio sostenimiento, mas no así para la administración del sistema, como debería ser.
En su momento, según las cuentas de los investigadores, la Federación se habría quedado con 1.230 millones de pesos por rendimientos y 25.945 millones por los excedentes.
Y para la Procuraduría no hay duda de que Toro está bajo su órbita disciplinable.
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