En los últimos días de su presidencia, Donald Trump pudo haberse expuesto a un juicio penal después de dejar la Casa Blanca.
Primero presionó repetidamente a un funcionario estatal para que “encontrara” suficientes votos para revertir su derrota en Georgia en las elecciones de 2020. Luego, el miércoles incitó a una violenta turba a asaltar y saquear el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido de evitar que el Congreso contara los votos electorales que confirman la victoria del presidente electo Joe Biden. Cinco personas murieron en los disturbios, incluido un oficial de policía del Capitolio.
Incluso después de empujar repetidamente los límites del poder presidencial y sobrevivir a un juicio político el año pasado, su último intento por aferrarse al poder a través de la intimidación y la insurrección ha aumentado drásticamente las probabilidades de que se enfrente a una investigación criminal y posiblemente al primer enjuiciamiento de un expresidente.
Los expertos legales dicen que solo un proceso penal podría responsabilizar a Trump por sus acciones.
Aunque la Cámara liderada por los demócratas se dirige hacia un posible segundo juicio político la próxima semana, las probabilidades de una condena de Trump en el Senado —lo que le impediría volver a postularse— siguen sin estar claras y es casi seguro que ocurriría solo después de que dejase el cargo.
“Los hechos actualmente conocidos justifican una investigación criminal del presidente y otras personas involucradas en la incitación a la insurrección en el Capitolio”, señaló Mary B. McCord, ex funcionaria del Departamento de Justicia y profesora de derecho de la Universidad de Georgetown. “La presentación de cargos dependerá de los resultados de esa indagación y de las consideraciones de la discreción del fiscal, pero la rendición de cuentas es importante frente a abusos de poder y privilegios tan graves y peligrosos”.
Pero presentar cargos penales contra un expresidente de Estados Unidos llevaría al país a un territorio desconocido.
La ley contra la “conspiración sediciosa” tipifica como delito que “dos o más personas […] en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos conspiren para derrocar, abatir o destruir por la fuerza al gobierno […] o para prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley, para apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de EE.UU”. Una condena podría dar lugar a multas o hasta 20 años de prisión.
La ley federal también tipifica como delito la manipulación fraudulenta de la “tabulación de boletas”. En una llamada telefónica grabada de una hora de duración el 2 de enero, Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “recalculara” los votos para convertirlo en el ganador.
El Departamento de Justicia ha sostenido durante mucho tiempo que un presidente no puede enfrentar un proceso penal mientras esté en el cargo, porque interferiría con sus deberes. Pero los expertos constitucionales dicen que un expresidente no tiene tal inmunidad.
“Creo que está claro que después de que se deja el cargo, se puede ser juzgado por un crimen que cometió mientras era presidente”, indicó el profesor de derecho de la Universidad de Chicago, David A. Strauss. “La Constitución misma dice que si es acusado, condenado y destituido puede ser enjuiciado”.
La Corte Suprema en el caso de 1982 de Nixon vs. Fitzgerald dictaminó que un expresidente no puede ser demandado por daños y perjuicios por sus acciones oficiales —en este caso— por el despido de un denunciante del Pentágono. Pero los jueces no se han enfrentado a la cuestión de si un exmandatario está protegido de ser acusado de una conducta criminal cometida mientras estaba en el cargo.
Sin embargo, hasta este mes, muchos abogados que eran muy críticos con Trump se oponían a enjuiciarlo por las acciones que había tomado hasta ese momento de su mandato, como las acusaciones de que obstruyó la justicia en la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Temían que esos cargos fueran vistos por muchos como partidistas y políticamente divisivos.
Pero el uso de Trump de la presidencia para intentar revertir su derrota electoral cruzó la línea para muchos.
“Tenemos una larga historia, desarrollada más recientemente a raíz de la administración Nixon, de mantener la política separada de la aplicación de la ley federal y no usar el poder del gobierno para investigar y castigar a los oponentes políticos. Esa norma debe tomarse en serio”, señaló Elizabeth Wydra, presidenta del Constitutional Accountability Center, un grupo legal progresista en Washington. “Pero la anarquía de Trump es tan descarada y amenazante para nuestra democracia constitucional que dejarlo escapar de la responsabilidad podría ser aún peor para el país”.
“Un paso en la dirección correcta”, indicó, “es el compromiso reiterado de Biden de mantener la Casa Blanca separada de las decisiones de acusación del Departamento de Justicia”. El presidente electo ha dicho que esta institución tendrá la capacidad independiente de decidir quién será procesado.
Randall Eliason, un ex fiscal que imparte clases en la Universidad George Washington, comentó que cambió de opinión sobre la decisión de procesar a Trump durante las últimas dos semanas.
“Por lo general, deberíamos ser muy reacios a sugerir que una nueva administración procese a un presidente saliente por las acciones tomadas mientras estuvo en el cargo. Eso se hace de forma rutinaria en algunos otros países, pero nunca se ha hecho aquí”, añadió. “Si vamos a romper ese precedente, tiene que haber una razón muy convincente. Creo que las acciones de Trump al incitar a los disturbios cumplen con ese estándar. No solo son indignantes y potencialmente criminales, sino que no tienen nada que ver con el ejercicio legítimo de sus poderes presidenciales. Aquí no hay riesgo de que criminalicemos meras políticas o diferencias de partido”.
Es posible que Biden no comparta esa opinión. En diversas ocasiones durante la campaña manifestó que quería ver hacia adelante, no hacia atrás, y que dejaría cualquier decisión sobre si procesar a Trump a su fiscal general. Se mostró indiferente ante los llamados demócratas para un segundo juicio político.
Esta semana, el presidente electo nombró al juez veterano Merrick Garland, un ex fiscal federal muy respetado, para dirigir el Departamento de Justicia, que al parecer tomará cualquier decisión final sobre si procesar al actual mandatario.
El representante Adam B. Schiff (demócrata-Burbank), un ex fiscal federal que dirigió el juicio político de los demócratas en 2020, explicó que el fiscal general entrante enfrentará una decisión compleja. “Deberá examinar cuestiones de pruebas. Y tendrá que considerar la gravedad de la ofensa y la necesidad de que el país se cure”, comentó en una entrevista el sábado.
El fiscal estadounidense en funciones en Washington, Michael Sherwin, designado por Trump, dijo que su oficina ya está preparando un caso penal en torno al ataque del miércoles, comenzando por los que irrumpieron en el Capitolio.
“Esas son las personas que obviamente crearon violencia, caos y luego se fueron”, informó a los periodistas a principios de esta semana. “Pero sí, estamos mirando a todos los actores aquí, ¿de acuerdo? No solo a los individuos que entraron al edificio. Todas las opciones están sobre la mesa”.
Según los informes, Trump ha considerado concederse un perdón por los delitos que cometió. Los académicos legales están divididos sobre si el poder de indulto del presidente tiene esa capacidad. Muchos predicen que tal movimiento sería contraproducente.
Sería percibido como una aceptación de que cometió delitos graves que requieren un indulto. Y no es probable que el Departamento de Justicia se quede al margen y permita que ese precedente permanezca sin cuestionar, porque sugeriría que un futuro presidente con tendencias criminales podría robar miles de millones, vender secretos nacionales, o incluso asesinar a oponentes y luego marcharse impunemente.
De hecho, si Trump se perdona a sí mismo, es más probable que los fiscales federales lo acusen de un delito, señalan algunos expertos. Hacerlo entonces requeriría que los jueces y, en última instancia, la Corte Suprema decidieran si el presidente tiene un poder absoluto para cometer delitos impunemente.
Noah Bierman, contribuyó a este artículo.
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