El juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, del PP, por los delitos de prevaricación y fraude. La sentencia concluye que Louzán, actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, concedió una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras en el campo de fútbol de Moraña (Pontevedra) que, en su mayor parte, ya habían sido ejecutadas con anterioridad.
La misma condena ha sido impuesta a la exalcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, y al entonces director del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, Manuel Ángel G. J. Ambos han sido considerados por la jueza como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude.
A la misma pena de prisión, dos años, ha sido sentenciado el administrador y un empleado de la adjudicataria del proyecto, la constructora Eiriña, así como el arquitecto que lo firmó; todos ellos inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.
La magistrada, por su parte, ha condenado a un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba de un “mero trámite” para adjudicar la obra a una determinada empresa.
Razones para la sentencia a Louzán
En la sentencia, la titular del juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra considera probado que la constructora a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, según la sentencia, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba”.
La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, se adjudicó “de forma irregular” otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas. Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de fútbol”, indica la jueza en su fallo. Esta cuestión, apunta la magistrada, queda demostrada por las escuchas a varios de los acusados y la documentación aportada por la Fiscalía. Añade que el entonces presidente de la Diputación, Rafael Louzán, “sabía de primera mano”, por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación, “que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas”.
Esa conducta de Louzán, según la jueza, “evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad”, porque sabía que la subvención que estaba concediendo para estas obras era “claramente arbitraria y contraria a derecho”. El juzgado pontevedrés condena a Luisa Piñeiro, entonces alcaldesa de Moraña, porque pidió dicha subvención “a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, en su mayor parte, ya estaban ejecutadas”. En la sentencia, la magistrada pontevedresa ordena el decomiso de los 86.311 euros cobrados por Eiriña con motivo del proyecto de mejora de gradas y vestuarios del campo de fútbol, así como de la cantidad cobrada por el arquitecto. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia de Pontevedra.
Louzán reivindica su inocencia y la RFGF lo respalda
Horas después de conocerse la sentencia, el propio Rafael Louzán emitió un comunicado en el que reivindica su inocencia y anuncia que presentará recurso ante la Audiencia Provincial. También se pronunció la RFGF a través de su junta directiva, respaldando al actual presidente y mostrando su apoyo público.
Este es el comunicado completo:
Conocido hoy el fallo, en primera instancia, del Tribunal nº3 de Pontevedra, quiero señalar que el mismo no es firme y como no podía ser de otra manera presentaré el pertinente recurso ante la sala correspondiente de la Audiencia Provincial, órgano que debe darle nulidad o validez a este fallo, con el convencimiento claro de poder demostrar mi inocencia, tal y como testificaron todos los técnicos de las distintas administraciones implicadas, testigos, funcionarios y peritos que acreditaron en sede judicial la corrección del procedimiento seguido y de la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas.
No obstante, la jueza que ha emitido la resolución judicial condenatoria, en primera instancia, no lo ha entendido así, considerándome responsable en el procedimiento administrativo por el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Diputación de Pontevedra en ese momento, y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte en los hechos.
Este fallo se refiere a una actuación que proviene de un convenio inicial con el Concello de Moraña en el año 2011 para una infraestructura deportiva para beneficio de los ciudadanos. Las obras que han dado lugar a esta actuación judicial tenían un presupuesto de ejecución de 71.332 euros más IVA (setenta y un mil trescientos treinta y dos euros más IVA), ejecutadas en su totalidad, tal y como reconoce la sentencia.
Por último, mi actuación en este procedimiento, al igual que a lo largo de toda mi trayectoria, se ha regido por el único interés de buscar el beneficio de los ciudadanos y de la provincia de Pontevedra.
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