Pese a la pandemia, durante el año 2020 la ciudadanía presentó un promedio de mil 299 denuncias mensuales contra diversos servidores públicos del Estado de México, sobre todo por prepotencia y malos tratos.
El titular de la Contraloría del gobierno estatal, Javier Vargas Zempoaltecat informó que durante la actual administración estatal se han resuelto casi 3 mil 400 procedimientos administrativos en el Estado de México que han derivado en 2 mil 890 sanciones.
También reconoció que la mayoría de las denuncias se archivan por falta de elementos, por lo cual se requiere apoyar a la ciudadanía a presentarlas.
Las principales sanciones han sido amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones, sanciones económicas y pecuniarias a distintos servidores públicos.
El contralor informó en reunión con las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) que del 16 de septiembre del 2017 al 31 de diciembre del 2020, es decir, en más de tres años, han recibido a través del Sistema de Atención Mexiquense y de otras herramientas 61 mil 620 denuncias.
De esa cifra, solo en 2020 recibieron más de 15 mil 598 y los principales hechos por los cuales se presentaron son: prepotencia y malos tratos y deficiencia en el servicio de trámite.
Por solicitud de dádivas, de las 61 mil sólo mil 333 se presentaron por ese motivo, otras 252 por negligencia en el servicio; 255 por conflicto de intereses y 28 por presuntos delitos electorales; esas últimas se han turnado a las autoridades correspondientes.
Reconoce la necesidad de fortalecer la campaña de denuncia
El secretario de la Contraloría afirmó que el Sistema Anticorrupción se está confirmando, están haciendo camino y uno de los acuerdos que tienen es impulsar una campaña de denuncia responsable, a fin de ser más eficientes, pues la mayoría de las denuncias, una vez concluido el procedimiento de investigación, se archivan, por lo cual es necesario llevar de la mano al ciudadano.
Explicó que quienes denuncian deben presentar los elementos suficientes para que la autoridad pueda iniciar una investigación y concluirla para presentar un informe e iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ya sea por una falta administrativa grave o no grave .
Dijo que han realizado casi 5 mil 400 auditorías financieras, administrativas, mientras integrantes del CPC destacaron la necesidad de impulsar denuncia ciudadana.
Leonor Quiroz señaló que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) la entidad es la número 27 y preocupa que entre 2018 y 2020 no hubo un cambio significativo en el puntaje, por lo cual pidió tomarlo en cuenta.
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