Pandemia encubre retrocesos en leyes ambientales de Brasil

La aplicación de multas ambientales por deforestación ilegal en Brasil se redujo en 72 por ciento a pesar del aumento de las tasas de deforestación entre 2019 y 2020. Foto: Amazônia Real/Flickr-Creative Commons

RÍO DE JANEIRO, 22 feb 2021 (IPS) – Los retrocesos en la normativa ambiental están en pleno apogeo en Brasil y las nuevas medidas de flexibilización legal han aumentado con la pandemia de covid-19, advierte un estudio publicado recientemente en la revista Biological Conservation.

Investigadores brasileños señalaron que, desde enero de 2019, el gobierno aprobó 57 actos legislativos que, en la práctica, debilitan la legislación ambiental nacional. De ellas, casi la mitad (27) ocurrieron solo entre marzo y septiembre de 2020, en plena pandemia, y este último mes registró la mayor cantidad de actos (16).

Para obtener estos datos, los investigadores observaron las acciones legislativas publicadas en el Boletín Oficial de la Unión, que diariamente publica decretos y cambios en la legislación brasileña.

También analizaron las tasas mensuales de deforestación proporcionadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, y las multas asociadas a la deforestación ilegal, emitidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).

Así hallaron que, durante el período, la aplicación de multas ambientales por deforestación ilegal se redujo en 72 por ciento a pesar del aumento de las tasas de deforestación entre 2019 y 2020 en comparación con períodos anteriores.

Según el INPE, la deforestación entre agosto de 2019 y julio de 2020 fue solo 9,5 por ciento más alta en la Amazonía que entre agosto de 2018 y julio de 2019. Fue el nivel más alto de deforestación anual desde 2008.

Entre los retrocesos en la legislación ambiental durante la pandemia, el estudio destaca la revisión toxicológica de 47 plaguicidas, que en julio de 2020 fueron clasificados como menos peligrosos o que se quedaron sin categoría específica.

Otro acto citado, de junio de 2020, es la definición de que no es necesario restaurar todas las áreas de preservación ambiental permanente, incluso si se deforestan ilegalmente.

En una entrevista vía Zoom a SciDev.Net, la bióloga brasileña Erika Berenguer, coautora del estudio e investigadora de las universidades de Oxford y Lancaster, en Reino Unido, señaló que ya se preveía un debilitamiento en las normas, cuando en abril de 2020 el ministro de Ambiente, Ricardo Salles, dijo en una reunión ministerial que había que aflojar las leyes ambientales tanto como sea posible “mientras que los medios solo estaban preocupados por covid-19”.

Berenguer, sin embargo, está sorprendida por la forma en que se ha dado la desregulación ambiental, pues se ha dado en numerosos y diferentes frentes. “Imaginé que se concentraría en algunas zonas, como una menor fiscalización a la deforestación, pero los datos muestran otro escenario”, observó Berenguer.

Las decisiones van desde disminuir la cantidad de biodiesel que se agrega al diesel brasileño (de 12 a 10 por ciento, según una resolución de agosto de 2020) hasta el permiso de minería en las áreas designadas para la actividad antes de la autorización final de las autoridades competentes (en la resolución de junio de 2020).

Además, también hubo frecuentes nombramientos de militares en agencias ambientales. “Como bióloga no podría comandar un batallón militar porque no tengo experiencia para eso. No tiene sentido que personal militar sin conocimientos técnicos pueda encabezar agencias ambientales”, ejemplificó Berenguer.

Para Rubens Morato Leite, catedrático de derecho ambiental de la Universidad Federal de Santa Catarina, no sorprende el desmantelamiento señalado por el estudio, dado que el Ministerio de Ambiente está a cargo de un abogado, Salles.

“Ya lo conocíamos antes. Como secretario de Ambiente en el estado de São Paulo (2016-2017), Salles ya había mostrado su perfil como gerente”, dijo a SciDev.Net el profesor, que no participó en el estudio.

En diciembre de 2018, Salles fue condenado por irregularidad administrativa por alterar los mapas de zonificación del plan de manejo del área de protección ambiental del río Tietê a favor de las empresas mineras. El caso aún está en juicio.

El estudio señala que la presión de la sociedad civil organizada quizás ha evitado un mayor desmantelamiento de la legislación ambiental en Brasil.

Según la investigación, la cobertura de prensa sobre temas ambientales fue muy intensa durante la pandemia y científicos produjeron cantidad de cartas de repudio y estudios para atraer atención. Algunas celebridades y el papa Francisco también llamaron la atención al impacto en los derechos de los pueblos indígenas en Brasil.

Este artículo lo publicó originalmente SciDevNet América Latina.

RV: EG