ONU debe incluir a la empresa española CAF en la base de datos de empresas que operan en los asentamientos ilegales israelíes

Un grupo de 31 destacadas organizaciones de derechos humanos y sindicatos han entregado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra un informe en el que se pide la inclusión de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en la base de datos de Naciones Unidas de compañías con relaciones empresariales en los asentamientos por su implicación en la expansión y desarrollo del tren ligero israelí (JLR) en Jerusalén.

La inclusión en esta base de datos significa que las empresas, directa e indirectamente, han permitido, facilitado y aprovechado la construcción y el crecimiento de los asentamientos; asentamientos que Naciones Unidas ha calificado de ilegales, por lo que se desprende que estas empresas se benefician de violaciones sistemáticas de derechos de la población palestina y contribuyen a ellas, lo que equivale a crímenes de guerra tipificados en el derecho penal internacional.

Esta base de datos de empresas involucradas en los asentamientos se publicó en febrero de 2020 y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene el mandato de actualizarla anualmente. Actualmente está formada por 112 empresas israelíes y multinacionales, en las que se incluye Shapir, socio israelí de CAF en el proyecto del tren ligero de Jerusalén. Anteriormente, en 2016 y 2017 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU declaró la ilegalidad del tren ligero de Jerusalén, afirmando que “viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”^.

El informe conjunto entregado por las organizaciones a la ACNUDH documenta cómo “el tren ligero de Jerusalén contribuye de manera importante al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes en Jerusalén Este por su función de conectar los asentamientos y facilitar la movilidad entre ellos y fortalece la anexión ilegal de la ciudad, consolidando la anexión por parte de Israel de territorio ocupado palestino, en violación del derecho internacional”.

En este sentido, la sección española de Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades españolas exponiendo su preocupación por la falta de responsabilidad de CAF con los derechos humanos. Según Gerardo Ríos, experto en el trabajo sobre empresas de Amnistía Internacional España, “las empresas, en base a los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo en el que operen. En base a esta responsabilidad y a las repetidas resoluciones de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, nuestra organización ha pedido a la empresa CAF que ponga fin a sus operaciones en Territorios Palestinos Ocupados lo más rápidamente posible, así como al Gobierno de España, en donde CAF tiene su sede, recordando sus obligaciones a la luz de los mencionados Principios Rectores de Naciones Unidas”.

En palabras de Maha Abdallah, portavoz del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo “al llevar a cabo el proyecto en Jerusalén Este, CAF está involucrada en la violación grave y sistemática de los derechos humanos más fundamentales de la población palestina”. Abdallah añadió que “la construcción de la Línea Roja (del mencionado tren ligero) ya existente, ha conllevado la expropiación importante de propiedades palestinas, mientras que la Línea Verde llegará hasta el asentamiento de Gilo, entre otras colonias, cuya existencia y crecimiento priva a la población palestina del acceso a su tierra y recursos”. Por este motivo la ACNUDH tiene la obligación de cumplir estrictamente con su mandato, actualizando anualmente la base de datos de la ONU de manera que se incluyan empresas con relaciones empresariales en los asentamientos – tal como exige su mandato del Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 31/36 de 2016.

Entre las organizaciones que firman la petición se incluyen:

11.11.11

Al-Haq

Amnistía Internacional España

Association France Palestine Solidarité (AFPS)

Belfast Trades Union Council

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

CNCD-11.11.11

Comité Solidaridad con la Causa Árabe – santiglez@hotmail.es

Craigavon Trades Council

European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)

European Legal Support Centre (ELSC)

European Trade Union Network for Justice in Palestine

Fagforbundet – Norwegian Union of Municipal and General Employees

ICAHD Finland

Mundubat

Northern Ireland Public Service Alliance (NIPSA)

Norwegian People’s Aid

Norwegian Union of Railway Workers

NOVACT – International Institute for Nonviolent Action.

Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) y sus miembros: Al-Haq, Law in the Service of Mankind, Al Mezan Center for Human Rights, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Palestinian Center for Human Rights, DCI – Defense for Children International – Palestine, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, Aldameer Association for Human Rights, Ramallah Center for Defense of Liberties and Civil Rights, The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) – Miembro observador, Muwatin Institute for Democracy and Human Rights – Miembro observador.

Paz con Dignidad

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

Sodepaz

SUDS

The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)

The Rights Forum

Transnational Institute (TNI)

Union syndicale Solidaires

War on Want

Women in Black (Vienna)