El Dr. Jorge Dames, asesor legal de Loimar, mantuvo una extensa charla habló con ABCHoy, donde repasó varias aristas del conflicto que lleva más de un año con la fábrica cerrada.
En diálogo con ABCHoy el Dr. Jorge Dames habló sobre el conflicto que la empresa Loimar mantiene con un grupo de ex trabajadores de la empresa que desde fines del año 2019 permanece cerrada a la espera de una definición en favor de un fideicomiso que tiene intenciones de reactivar la actividad.
Ante la consulta de por qué no se había realizado una denuncia penal por el blloque a la planta, señaló que no se hizo porque hubo una intervención “de oficio” por parte de la Fiscalía. “Y me parece muy adecuada ante el hecho público y notorio que estaba sucediendo en Tandil: ni más ni menos que un grupo de personas que fueron empleados de la planta (minoritario) estaba impidiendo la reapertura por los nuevos administradores de Loimar e impidiendo el ingreso de los nuevos operarios”.
“Frente a eso la Fiscalía inició una IPP (Instrucción Penal Preparatoria) por averiguación de ilícito, para comprobar si había alguna ilicitud en el tema.
La cuestión se debe de enfocar de esta manera: el derecho de huelga es un derecho constitucional, pero acá no estamos frente a un derecho de huelga. Pero supongamos que tenga alguna vinculación, ese ejercicio de derecho de huelga tiene límites como cualquier derecho que deben de ejercerse sin vulnerar cualquier otro derecho” sostuvo.
“El derecho de impedir el acceso a la fábrica no existe, no puede ser admitido. En el Código Penal está tipificado en el artículo 181 inc. 3 como delito la ´turbación a la posesión o la tenencia´”, expresó.
“Nosotros lo que sostenemos es que si lo que se quiere es visibilizar el conflicto, que se haga, pero no que se bloquee el ingreso a la planta.
No puede tolerarse el impedimento al ingreso y a la reapertura de la fábrica” señaló.
En otro tramo de la charla, el abogado, dijo que “como todo Tandil sabe la empresa estuvo cerrada por más de un año y ahora que se va a reabrir algunos exempleados que están dentro del sindicato decidió cortar y dijeron ´acá no entra nadie si no entramos nosotros´. Ese es el conflicto, nada más”.
“La justicia ha tomado declaraciones para comprobar estos hechos que están documentados con fotografías, filmaciones y actas notariales. El hecho concreto del impedimento, de la turbación como dice el Código Penal, está acreditado. Qué sentido se le va a dar a ese hecho no lo sabemos”, señaló
“No hemos hecho la denuncia penal porque no hemos querido criminalizar la cuestión, todavía” advirtió.
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