Sonia de Anda
TIJUANA BC 8 DE ENERO DE 2021 (AFN).- La Síndico Procuradora de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa, finalmente reconoció que la instalación del elevador para discapacitados en Palacio Municipal no entorpece la investigación ni revisión de los expedientes administrativos que existen, por supuestas irregularidades detectadas en el equipo que se colocó hace casi nueve años, y que obligó a la inmovilización del aparato.
Lo anterior fue expuesto por la edil durante la sesión extraordinaria de Cabildo, al votar -ella misma- a favor de un “Punto de Acuerdo” aprobado por mayoría, en el que se le dan tres días para informar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental si existe algún impedimento legal para que se proceda con la sustitución del elevador que existe en Palacio Municipal para personas de edad avanzada y con dificultades de movilidad.
Explicó que hasta el 5 de enero del año pasado se enteró que el Ayuntamiento había comprado el elevador, aunque reconoció que se le invitó al proceso de adjudicación directa del equipo, en el que dijo no pudo participar debido a que estaba vigente la suspensión de plazos y términos que aplicó el Cabildo de Tijuana por la pandemia.
Destacó que Sindicatura Procuradora revisó los expedientes que aún se dirimen en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por sanciones aplicadas a servidores públicos involucrados en supuestas irregularidades por la instalación, hace casi nueve años, del elevador que actualmente existe y no funciona en el Palacio Municipal, determinándose que las obras de sustitución del nuevo equipo, no entorpece los recursos que aún están en revisión.
Sin embargo, Espinoza Ochoa advirtió que este asunto del elevador fue usado para manchar la imagen de Sindicatura Procuradora con notas periodísticas y lonas que fueron instaladas en el elevador existente en el Palacio, lo cual se pagó con recursos de la ciudadanía y por ello advirtió que emitirá sanciones administrativas y penales en contra de los servidores públicos involucrados.
Denunció que se dieron “roscas” a las personas que protestaron esta semana en Sindicatura Procuradora para exigir la habilitación del elevador para personas con problemas de movilidad, sin embargo, indicó que votó a favor de este Punto de acuerdo para no afectar a este sector de la población al que se puso en riesgo cuando fueron “llevados” hasta su oficina.
Ante esta situación, regidores como Luis Quesada Salas, Arnulfo Guerrero León Jesús Sambrano insistieron en la urgente necesidad de que se permita la instalación del elevador y no se impida la obra por procesos burocráticos y administrativos que están violando los derechos humanos de las personas con problemas de movilidad que requieren hacer trámites en Palacio Municipal.
El elevador llegó a Palacio para ser instalado desde en 2001, pero al siguiente año se reportó al vendedor fallas en el equipo, determinándose que se debían a fallas en la consola eléctrica del Palacio, por lo que Sindicatura Procuradora inició un procedimiento administrativo que generó sanciones a servidores públicos municipales que se inconformaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde aún se revisan los expedientes.
*.- Aprueba Cabildo multas económicas por incumplimientos sanitarios
Por otra parte, el Cabildo aprobó por unanimidad modificaciones al Reglamento del Bando de Policía y Gobierno, en el que se contemplan multas de cinco hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para ciudadanos que incumplan protocolos sanitarios, como realización de reuniones con más participantes de los permitidos, no usen cubre bocas o lo hagan de manera incorrecta en lugares donde se exige su uso.
El acuerdo establece que la dirección de comunicación social del Ayuntamiento de Tijuana tendrá 15 días para presentar al Cabildo una propuesta que concientice a la ciudadanía sobre la emergencia y las medidas de mitigación para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19.
Al respecto, la regidora independiente Mónica Vega explicó que, como inicialista de esta reforma, junto a su homólogo Adrián González, se contemplan primero la amonestación, posteriormente multa de cinco a quince veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y en caso de reincidencia por parte del infractor, no se tendrá derecho a la aplicación de la multa mínima.
Explicó que, de no contar el infractor con recurso para el pago de la multa determinada, siempre y cuando no sea reincidente, se podrá permutar por trabajo comunitario, lo cual es una aportación para la disminución de casos de COVID-19 en un momento crucial, donde los hospitales están colapsados y las funerarias saturadas, por lo que con eso se espera disminuir las cadenas de transmisión que actualmente hay en Tijuana.
*.- Destinará Ayuntamiento 10 millones de pesos a Bomberos y Educación
Por otra parte, el Cabildo de Tijuana aprobó la propuesta que hizo la Inmobiliaria Cadena, de entregar a tesorería municipal más de 10 millones 800 mil pesos, que son equivalentes al valor a más de siete mil metros cuadrados de terreno que corresponden al 10% de áreas vendibles del parque industrial El Encanto.
En el acuerdo se establece que dichos recursos se etiquetaron para que el 85%, equivalente a más de ocho millones de pesos, se destine a la compra de maquinaria y equipo de Bomberos, mientras que el 15% restante a la Secretaria de Educación Pública Municipal para la compra de equipos de cómputo.
A este respecto, el regidor Luis Quesada Salas pidió que después de esta aprobación del Cabildo, los medios de comunicación que tanto criticaron que no había presupuesto para Bomberos, reporten ese acuerdo que ahora se destinará tanto a esa área como a la de educación.
Sin embargo, la regidora Mónica Vega indicó que a pesar de que en otras ocasiones se ha negado a votar a favor de que se venda el patrimonio de los tijuanenses, en esta ocasión se requiere apoyar los Bomberos con estos recursos, y destacó que los medios de comunicación dan cuenta de la realidad.
Agregó que los ocho millones que se destinarán a los Bomberos de Tijuana, son sólo para equipo de protección, pero faltan 20 millones para la misma causa, y aún falta completar para proteger las vidas de estos trabajadores, además de que se requieren renovar equipos e instalaciones.
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