Mario Marín. Inicia audiencia contra ex gobernador Puebla

Durante su audiencia en el Cereso de Cancún, Quintana Roo, Mario Marín, ex gobernador de Puebla detenido ayer en Acapulco, Guerrero, se reservó su derecho a declarar tras conocer la acusación que presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) como probable responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Funcionarios federales revelaron que la defensa de El Gober Precioso solicitó a un juez federal la duplicidad del término constitucional, que consta de 144 horas, para resolver su situación jurídica.

La diligencia la presidió Gerardo Vázquez Morales, juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en Cancún. La FGR notificó a Mario Marín de que se le acusa por un delito grave, por lo que deberá permanecer recluido en el Centro de Readaptación Social de Cancún.

El delito del que se le acusa está tipificado como grave y no alcanza libertad bajo caución, por lo que fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería. 

El ilícito del que se le acusa se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, por difamación y calumnia tras la publicación del libro Los demonios del edén, en el que ella se refirió a los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri como integrantes de una red de prostitución y pederastia. 

La periodista fue trasladada desde Cancún hasta Puebla, en un trayecto de 23 horas en el cual denunció haber sido víctima de tortura psicológica. Luego de la aprehensión, se dio a conocer una llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif, en la que el ex gobernador se ufanó de haberle puesto “coscorrón”. 

Caso escaló a la SCJN

El caso de Lydia Cacho llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, donde se ordenó conformar una Comisión Investigadora; sin embargo, tras conocer la investigación, el pleno se abstuvo de señalar al gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, debido a que no se demostró la existencia de “una falta grave a sus derechos”, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto. 

La Corte solo mencionó que, si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la escritora, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, éstas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho.

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