Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, 23 de febrero de 2021
La ciudadanía, según el reporte, mostró inconformidad en la medición del consumo o producción facturado
Durante el año pasado, en pleno pico de la pandemia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios recibió más 260.021 trámites y solicitudes en todo el país relacionados con problemas de facturación y prestación de servicios de acueducto, aseo, alcantarillado, energía y gas combustible.
El reporte de la entidad señaló que hubo un crecimiento de 22% frente a las solicitudes recibidas durante 2019. Si se observan las solicitudes por tipo, el año pasado hubo 127.361 peticiones, quejas y reclamos; 79.033 recursos de apelación y 12.886 procedimientos de silencio administrativo positivo.
En cuanto a los reportes de la ciudadanía, las estadísticas de la Superservicios demostraron que el servicio de energía fue el que más quejas y peticiones registró, pues concentró 43% de los trámites con 112.946, seguido del sector del gas natural, con 49.082 (19%); y acueducto, con 37.911 (15%).
La ciudadanía, según el reporte, mostró inconformidad en la medición del consumo o producción facturado, además de cobros por promedio e inconformidad por desviación significativa.
Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, aseguró que 2020 se trató de un período atípico causado por la pandemia, en el que hubo varias restricciones, como el confinamiento, que elevó el consumo de servicios públicos en los hogares respecto a 2019.
Avendaño ratificó el compromiso de la entidad con los consumidores, pues anunció que se llevaron a cabo 15 investigaciones administrativas por supuestas irregularidades en la facturación de servicios de energía y gas. Adicionalmente, hubo 47 pliegos de cargos y 42 averiguaciones preliminares por incremento de tarifas en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Para el abogado Daniel Prada, los consumidores cuentan con derechos y deberes al momento de exigir el acceso a los servicios públicos. “La Ley 1480 de 2011 es la ley de protección al consumidor y si la empresa está haciendo un cobro adicional o está generando recortes de agua o de luz debe responder”, dijo.
El abogado añadió que a los ojos de la Corte Constitucional los servicios públicos están catalogados como un derecho fundamental y los ciudadanos deben tener acceso al servicio de agua y de luz. El corte, o mala facturación, de este tipo de servicios generará, según Prada, una pugna de intereses.
“Derivado de la pandemia, muchas empresas pudieron cometer errores en facturación, así como cortes de estos servicios y las personas afectadas pueden iniciar una acción de tutela para hacer valer estos derechos que están elevados, incluso, a la categoría de derechos constitucionales”, puntualizó Prada.
Superservicios reveló también cuáles fueron las empresas con un mayor número de trámites y solicitudes por inconformidades de los usuarios. En el reporte destaca Enel-Codensa con 44.250 registros; Electrificadora del Caribe, con 39.017; y Vanti, con 31.740.
El informe de la Superservicios también destacó a las zonas o regiones que más trámites presentaron el año pasado ante la entidad y top 3 lo integran: Bogotá, con 89.781 solicitudes; Atlántico, con 27.073; y Cundinamarca, con 20.087.
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