El Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, tras una larga batalla legal, ha dictaminado que los conductores de Uber son “trabajadores” y no “autónomos”, y por tanto deben disfrutar de una serie de ventajas laborales como el salario mínimo y vacaciones pagadas. La sentencia constituye un golpe para la empresa de San Francisco y puede tener importantes repercusiones para todo un sector servicios cada vez más revolucionado por los avances tecnológicos.
Así como Uber pretende tener las mínimas obligaciones posibles con sus conductores, los jueces han determinado que la compañía controla la mayor parte de su trabajo, les proporciona clientes e impone las tarifas que han de cobrar, “una posición de subordinación y dependencia en la que tienen poco o nulo margen de mejorar su situación económica a través de la explotación de sus capacidades profesionales”. La sentencia destruye el argumento de la empresa de que simplemente “colabora con socios independientes autónomos”.
La reacción inicial de Uber, que no para de tener problemas legales en el Reino Unido, es que el dictamen afecta tan sólo a los dieciséis conductores que presentaron la demanda en el 2016 y, según sus abogados, tienen derecho a una compensación en torno a los 15.000 euros cada uno. Pero es una posición difícil de mantener, ya que el propio Tribunal Supremo ha advertido que “cualquier intento de suscribir contratos artificiales diseñados para eludir las obligaciones laborales de la compañía será considerado ilegal y completamente nulo”.
Impacto
La sentencia afecta a todo un sector de los servicios basado en la flexibilidad laboral
La consecuencia más lógica de la decisión judicial será que Uber conceda a sus conductores el derecho a las vacaciones y el salario mínimo, y que repercuta esos costes adicionales en el precio de los tarifas, lo cual hará su servicio menos competitivo. Los tradicionales taxis negros británicos –igual que los taxis oficiales de muchos otros lugares– llevan años quejándose de que la empresa californiana incurre en competencia desleal. El regulador de los servicios de transporte en Londres ha suspendido en dos ocasiones su licencia alegando razones de seguridad (la última en el 2019), tan sólo para que los tribunales la reestablecieran en apelación. La actual, aprobada el año pasado, tiene vigencia hasta finales del 2025.
Tan sólo en la capital inglesa operan 45.000 coches de Uber, más otros 40.000 en el resto del país, con alrededor de seis millones de usuarios. La actual pandemia ha atacado muy duramente al sector, por la falta de turistas, el teletrabajo, el cierre de cines, tiendas y teatros, y la ausencia de espectadores en los estadios de fútbol, con los diversos operadores peleándose por el reparto de las migajas. El centro de Londres y su distrito financiero parecen poblados fantasma, y no hay más que levantar la mano para que surjan taxis de todas las esquinas, cuando antes muchas veces resultaba difícil encontrarlos.
La legislación laboral británica distingue entre “empleados”, “trabajadores” y “autónomos”. Los primeros tienen mayores derechos, como por ejemplo demandar a la empresa ante los tribunales por despido improcedente o discriminación. Los segundos, grupo en el que la sentencia sitúa a los de Uber, disfrutan del salario mínimo y vacaciones pagadas. Y los terceros son independientes y carecen de cualquiera de esos privilegios.
Tarifas
Uber repercutirá el coste de sus nuevas obligaciones y el usuario pagará más
En el juicio, los representantes legales de Uber sostuvieron que la compañía ya había realizado recientemente importantes concesiones a sus conductores, como un seguro gratis en caso de accidente o enfermedad. Pero los magistrados dijeron que eso era irrelevante y no afectaba al estatus legal de sus “trabajadores”. Uno de los peligros para la firma es si, a raíz de la sentencia, se produce un aluvión de demandas, porque es muy distinto pagar 15.000 euros por cabeza a 16 personas que a decenas de miles.
El dictamen judicial es muy significativo porque va al fondo de un modelo de negocio cada vez más generalizado en el sector servicios, que constituye el 80% de la economía británica, ha quedado al margen del acuerdo comercial del Brexit, y desea disponer de la máxima flexibilidad en materia de derechos laborales para minimizar costes. Un conductor de Uber gana en Gran Bretaña alrededor de veinte euros por hora que, sobre la base de trabajar entre 35 y 45 horas, se traduce en unos seiscientos euros a la semana, más propinas.
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