La querella penal que impulsa el Gobierno, y que todava busca denunciante, contra los ex funcionarios macristas que firmaron el acuerdo de Stand-By en 2018 y sus modificaciones -y que apunta tambin a los directivos del FMI, segn anticip el presidente Alberto Fernndez en el Congreso- se basa en un informe realizado por el Banco Central en 2020 aunque tambin existe una demanda presentada por el ahora director del Banco Nacin, Claudio Lozano, en 2019.
En el anuncio de la demanda criminal, el mandatario hizo referencia a la “administracin fraudulenta y malversacin de caudales”. El Central present despus un pedido de auditora a la Sindicatura General de la Nacin (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupcin sobre la base de su informe “Mercado de Cambios, Deuda y Formacin de Activos Externos 2015-2019”, elaborado el ao pasado a pedido de Fernndez.
La impulsora de ese pedido es la directora Betina Stein, abogada, especializada en Derecho Administrativo y Derechos Humanos y conocida como una de las letradas que llev al ex integrante de la junta militar Emilio Eduardo Massera a responder con sus bienes personales para indemnizar a vctimas de la dictadura. “Hay decisiones que son polticas y que no son judicializables, pero deben estar sujetas al cumplimiento de la ley”, indic Stein en Futurock. La abogada considera que los funcionarios “podran verse obligados a responder con su patrimonio si la Justicia verifica que cometieron irregularidades”.
Emisin de deuda
El informe elaborado por el BCRA sostiene que durante los cuatro aos de gobierno de Mauricio Macri “la formacin de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplic, superando los u$s 86.000 millones“.
Al analizar el ciclo de endeudamiento, el Central argumenta que “a principios de 2018, el gobierno recurri a la asistencia del FMI para evitar un default inminente. Los compromisos de deuda asumidos” desde la resolucin del conflicto con los holdouts en 2016 “resultaban ya por entonces impagables sin el acceso a nuevo financiamiento”.
Por el arreglo con bonistas y fondos buitre se emitieron u$s 13.700 millones bajo legislacin extranjera con vencimientos en 2022, 2023 y 2025. A partir de ese momento, “Argentina result el principal colocador de ttulos soberanos en los mercados internacionales entre enero de 2016 y abril de 2018. La deuda pblica pas as de representar 52,6% del PIB a fines de 2015, a 90% cuatro aos ms tarde“, agreg el informe. El peso de los ttulos bajo ley extranjera vari del 36,4% al 70% del PBI.
“Entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios ms estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron u$s 44.500 millones. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanz los u$s 45.100 millones, una salida de capitales especulativos por u$s 11.500 millones y los servicios de la deuda (pblica y privada) por u$s 36.900 millones”, describe la entidad a cargo de Miguel Pesce.
Incumplimiento con el FMI
Hasta ah, el argumento de una decisin poltica de desregulacin, endeudamiento y fuga, pero el Central marca que el acuerdo incumpli las propias normas del FMI. El Fondo lleva adelante su propio anlisis del programa de Stand-By, a cargo de una Oficina de Evaluacin Independiente, que publicar su informe aunque todava no hay fecha de finalizacin, segn indic el vocero Gerry Rice. Es una revisin habitual tras cada programa y podra determinar los motivos del monto de prstamo extraordinario o si los funcionarios soslayaron el cumplimiento de normas.
El pedido de auditora a la Sigen y la OA del Central recuerda que el Convenio Constitutivo del FMI “aprobado por la Repblica Argentina por Ley 21.648” dice: “Salvo en el caso previsto en la Seccin 2 de este Artculo, ningn pas miembro podr utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podr pedir al pas miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
El cepo se reinstal en 2019, un mes despus de las elecciones primarias, donde Fernndez aventaj a Macri por casi 15 puntos. “Si despus de haber sido requerido a ese efecto el pas miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podr declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales“, marca la norma del FMI. Tambin se cortaron los desembolsos del programa, previsto en u$s 57.000 millones.
El ministro Martn Guzmn, a cargo de la negociacin de un nuevo programa con el FMI para repagar los u$s 44.500 millones que llegaron por el Stand-By, reforz la retrica presidencial y asegur que “el FMI es responsable de lo que pas”. En dos semanas ver a Kristalina Georgieva en Washington. “Que estemos negociando no quiere decir que no podamos decir las cosas”, asegur en A24.
Procedimientos Internos
El pedido de auditora sostiene que “los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administracin de Macri con el Fondo Monetario resultaran incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitucin de deuda pblica externa”.
Y cita que en el primer acuerdo firmado con el Fondo no hubo “dictamen jurdico previo” a la firma de la Carta de Intencin y los Memorndums de Poltica Econmica y Financiera y de Entendimiento Tcnico “que luego se intent subsanar con un dictamen que se limit a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional”, de acuerdo al rol que le asigna el artculo V, seccin I del Convenio Constitutivo del FMI.
El argumento del BCRA es que “ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberan haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripcin de la Carta de Intencin con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operacin de crdito pblico de esas caractersticas”.
Para los abogados del Central, las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional, marcan que “el Poder Ejecutivo Nacional no tendra facultades para la firma del acuerdo”.
“En el segundo acuerdo con el FMI se incorpor el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurdico vigente, los rganos que decidieron su ampliacin y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisin”, agrega el Central.
La denuncia previa de Lozano
En 2019, Claudio Lozano por Unidad Popular y Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad denunciaron penalmente al ex presidente de la Nacin, Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicols Dujovne y al ex presidente del BCRA Guido Sandleris por “la posible comisin de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario pblico y abuso de autoridad“. La denuncia tramita por el Expediente N 8.853/2019 y qued radicada en un primer momento en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N 2 a cargo del juez Sebastin Roberto Ramos.
Lozano argument que el acuerdo debera haber pasado por el Congreso y es inconstitucional. El Ejecutivo invoc a la Ley de Administracin Financiera para firmarlo. Tambin apunta a la Administracin Fraudulenta por el ciclo de deuda y fuga que marc el Central y sostiene que “el FMI particip, de manera cmplice y corresponsable de la orga especulativa”. La denuncia agrega que “la intervencin del FMI es simultnea a la aceleracin de la fuga de capitales”.
Tambin marca que si bien se reinstal el cepo para evitar la fuga de capitales “por cuestiones de intereses electorales del presidente no se adoptaron” previamente y coincide en que los funcionarios no estaban habilitados a firmar el acuerdo.
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