Las negociaciones para un acuerdo post-Brexit han continuado este sábado en Bruselas con la presión añadida del Parlamento Europeo, que exige tener el texto final antes de las 00:00 horas del lunes o, de lo contrario, aplazará su ratificación al año que viene. En ese caso, se llegaría sin pacto al temido plazo del 31 de diciembre, cuando expira el período transitorio de la salida del Reino Unido de la UE. A falta de acuerdo comercial, el 1 de enero ambas partes podrían aplicar aranceles y cuotas, poniendo en peligro una relación que solo en importación y exportación de bienes ronda los 500.000 millones de euros al año.
La última milla de la negociación, como ha definido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la ronda definitiva acordada el pasado domingo, ha conseguido avances casi concluyentes en la gobernanza del futuro acuerdo y en las medidas para garantizar una competencia la entrada en vigor de un acuerdo que daría a las empresas británicas un acceso permanente e ilimitado al mercado europeo. Pero el tercer punto más conflictivo, las cuotas pesqueras, sigue abierto a solo once días de fin de año.
Bruselas reclama un período transitorio (de entre seis y 10 años) para reducir el acceso de la flota pesquera europea a aguas británicas, donde ahora suponen más del 50% del total de las capturas en esos caladeros. Londres exige que al final de esa transición el acceso se negocie año a año, lo que le daría la posibilidad de reducirla a cero. Esa propuesta resulta inaceptable para la Unión, que en ese caso se reservaría el derecho de reducir también el acceso de los productos británicos al mercado europeo de manera proporcional al impacto de la cancelación total de los derechos de pesca.
Las dos partes siguen enfrascadas en ese debate y, si hiciera falta, están dispuestas a apurar el regateo hasta mucho más allá del domingo. De ser así, el posible acuerdo tendría que entrar en vigor de manera provisional el 1 de enero y ser luego sometido a votación en el Parlamento Europeo. Fuentes diplomáticas europeas apuestan por esa posibilidad. Pero la Comisión Europea se resiste por temor a soliviantar a un Parlamento que exige un escrutinio previo y democrático de un pacto que ha sido negociado a puerta cerrada y marcará un hito trascendental en la historia de la política comercial europea.
Ningún país del mundo disfruta de un acceso sin cuotas ni aranceles al mercado europeo, un privilegio que se concedería por primera vez en el caso de Reino Unido. El acuerdo puede repercutir en las relaciones de la UE con Noruega o Suiza, países que gozan de un acceso muy favorable al mercado comunitario pero a cambio de asumir buena parte de la legislación emanada de Bruselas y de hacer una aportación al presupuesto comunitario.
Las tortuosas negociaciones para el histórico acuerdo con Londres comenzaron a finales de febrero. Y a pesar de las dificultades técnicas, políticas y logísticas (provocadas éstas por la pandemia), los equipos dirigidos por Michel Barnier, en el lado europeo, y David Frost, en el británico, han logrado en apenas 10 meses cerrar más del 95% del texto de un Tratado de cientos de páginas. “Hicieron falta cuatro o cinco años para negociar acuerdos más modestos con Canadá o Japón”, recordaba este viernes Barnier ante el Parlamento Europeo.
En parte, el avance se ha debido a la decisión del gobierno de Boris Johnson de renunciar a un acuerdo más ambicioso como el planteado inicialmente por Bruselas, que abarcaba también aspectos de política exterior, seguridad y defensa. Aun así, el nuevo Tratado intentaría preservar la mayor parte de la integración comercial cultivada los 47 años de pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea (1973-2019).
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