El mercado único europeo, una valiosa e intangible realidad económica, ha pasado de ser un mero espacio comercial a convertirse en el verdadero baluarte de la Unión Europea frente a las sucesivas crisis que agitan al club comunitario en los últimos meses: Brexit, pandemia, y fragilidad del estado de derecho en Hungría y Polonia. Frente a esas tres grandes amenazas de ruptura o fisura de la Unión, los 27 países han cerrado filas como pocas veces en la historia con una respuesta política cuyo común denominador ha sido la defensa de la integridad de un mercado único que no solo es la base de su prosperidad sino también el fundamento para una convergencia económica, legal y, poco a poco, también en derechos laborales y sociales.
Portugal, que acaba de asumir la presidencia semestral de la UE tras el turno de Alemania, ha convertido la defensa y profundización del mercado único en una de las prioridades de su mandato. “La covid-19 ha demostrado más que nunca la importancia del mercado único y de una potente estrategia industrial europea”, señala el Gobierno de António Costa en el programa de su semestre europeo.
Lisboa espera aprovechar su mandato para extender las ventajas de la unificación de mercados al área digital, donde Europa se ha quedado rezagada en relación con EE UU o China. Y para desarrollar el flanco más descuidado hasta ahora del mercado interior: el pilar social, al que se dedicará una cumbre extraordinaria en mayo en Oporto, si la pandemia lo permite.
La agenda portuguesa confirma el creciente valor que la UE otorga a un mercado único que, según las cifras de Bruselas, aumenta la renta per cápita de 840 euros al año y sostiene la creación de unos 3,6 millones de puestos de trabajo. Ese gigantesco valor ha llevado a la UE a colocar la defensa de la integridad del mercado en el centro de su respuesta política a las grandes crisis de los últimos meses, desde el descalabro económico provocado por la pandemia a la negociación con Londres para el acuerdo post-Brexit o el forcejeo con Budapest y Varsovia para aprobar un mecanismo de protección del Estado de derecho. En los tres casos, el riesgo de resquebrajamiento del mercado interior ha llevado a la UE a reaccionar de manera contundente y a imponer el interés común a posibles veleidades nacionalistas o reflejos proteccionistas.
“El año pasado nos ha mostrado que el mercado interior es vital”, señala el ministro portugués de Economía, Pedro Vieira, después de que el 1 de enero Alemania pasara a su país el testigo de la presidencia semestral de la UE. La defensa a rajatabla de esa unidad de mercado ha sido, con permiso del virus SARS-Cov-2, la gran protagonista de la política europea en 2020; y tiene visos de volverlo a ser en el año que comienza.
El semestre alemán concluyó la titánica tarea de crear el fondo de recuperación frente a la pandemia, dotado con 750.000 millones de euros. La justificación para esa iniciativa presupuestaria sin precedentes fue la imperiosa necesidad de evitar que la crisis provocase graves desequilibrios entre los Estados miembros, lo que habría puesto en peligro la integridad del mercado único.
El mismo argumento guió al equipo negociador europeo del post-Brexit, liderado por Michel Barnier. Para sorpresa de Londres, que creía contar con una buena baza gracias a las cuotas pesqueras, Barnier exigió hasta el final garantías para evitar una competencia desleal de las empresas británicas a las que se permita el acceso al mercado europeo.
Y el peso del mercado interior también ha sido evidente en la iniciativa comunitaria para velar por el respeto del Estado de derecho en todos los Estados miembros. “Si no fuera por la supervivencia de unos sistemas judiciales independientes, algunas empresas habrían tenido ya que retirarse de algunos países”, apunta una fuente española.
El mecanismo de vigilancia pactado, tras superar el veto de Hungría y Polonia, no es tan ambicioso como se había planteado al principio. Pero permite suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho ponga en peligro los intereses financieros de la Unión. La Comisión está convencida de que, una vez en ejecución, el nuevo reglamento permitirá combatir lacras como la corrupción, que además de minar el imperio de la ley afectan al buen funcionamiento del mercado interior. “La UE es, sobre todo, una unión de valores antes que una unión monetaria o aduanera”, subrayaba el jueves el primer ministro portugués durante un encuentro digital con medios internacionales, entre ellos, EL PAÍS.
Menos confianza
Camino Martínez-Mortera, analista del Centre for European Reform, cree que el denominador común de las últimas crisis de la UE no ha sido tanto el mercado único como la erosión de la confianza mutua. Pero la analista añade que “sin confianza mutua no puede haber mercado interior”. Y recuerda que esa confianza “es también la base del desarrollo del área común de justicia e interior, de la zona Schengen o del euro”.
La desconfianza ha llegado a tal punto que los tribunales de varios países se resisten a ejecutar las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por jueces polacos, por temor a que el detenido no tenga un juicio justo. En el terreno económico, la desigual respuesta ante la pandemia también provocó el temor de los países con menos recursos a una competencia desleal por parte de las empresas de los socios más poderosos.
Las ayudas de Estado concedidas por Alemania alcanzaron una cifra equivalente al 16% de su producto interior bruto, cifra similar a Francia e Italia. En España, en cambio, apenas superaron el 5%; en Portugal, el 8%, y en Bélgica, el 12%. “Estas diferencias no implican de manera automática que se ponga en peligro la competencia dentro del mercado interior, pero indudablemente hay un serio riesgo de que el comercio intra-europeo se vea afectado por las enormes diferencias”, señala un reciente estudio del Parlamento Europeo.
La presidencia portuguesa de la UE cree que una de sus principales tareas será la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados durante el semestre alemán, todos ellos con el mercado único entre sus fundamentos. “Es la hora de hacer efectivas las decisiones”, señala el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Silva, en alusión, sobre todo, al desembolso del fondo de recuperación. “Es la única forma de responder a la crisis social, económica y sanitaria y de garantizar que el mercado interior se recupera y funciona de forma adecuada”, añade.
El gigantesco valor de un área comercial sin fronteras
Los beneficios del mercado interior europeo, con 27 países y 450 millones de habitantes, pasan desapercibidos hasta que se pierden. Reino Unido, que lo abandonó el pasado 31 de diciembre al término del periodo transitorio para su salida de la UE, teme ya que a partir del lunes se endurezcan en Francia los controles aduaneros y fronterizos para sus mercancías, generando los temidos embotellamientos que las vacaciones navideñas y el bajón de la actividad comercial provocado por la pandemia han amortiguado hasta ahora. Las aerolíneas Ryanair y Wizzair suspendieron el 1 de enero los derechos de voto de sus accionistas británicos para que los accionistas comunitarios sigan siendo mayoría y disfrutar así de la libertad comercial que el mercado interior ofrece a las compañías aéreas bajo control accionarial europeo. Y las navieras irlandesas, acostumbradas a recalar en los puertos británicos antes de llegar al continente, ya planean nuevas rutas para esquivar Reino Unido y entrar directamente al mercado interior europeo, evitándose los papeleos que afrontan los barcos procedentes de terceros países. Incluso la seguridad energética depende en buena medida de la conexión a las redes transeuropeas que cruzan de un país a otro. Irlanda lo ha compbrobado con el Brexit, porque tras la salida de Reino Unido ya no tiene ninguna interconexión con la red de los socios comunitarios. Una peligrosa carencia que Dublín se apresura a corregir con ayuda de la Comisión Europea. Bruselas concedió el año pasado 530 millones de euros para financiar la primera interconexión energética de Irlanda directamente con el continente, vía Francia, lo que permitirá a la isla reducir sus vínculos con la red británica y estrecharlos con la europea.
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