México, Brasil y Venezuela –como la situación más preocupante– aparecen como los casos más evidentes, pero otros países no escapan a esta tendencia general. De hecho, en numerosos casos, la pandemia y las normas impuestas por las cuarentenas que decretaron e impusieron los gobiernos en el marco de políticas de prevención han sido utilizadas como pretexto para incrementar el control, la vigilancia y la reducción de los espacios cívicos. En especial porque tendencias prepandemia –que se profundizan y aceleran–, son aprovechadas por algunos gobiernos –tanto de izquierda como de derecha– para incrementar el autoritarismo y el control –frecuentemente inconstitucional– sobre la ciudadanía.
Si asumimos una concepción del espacio cívico como un ámbito en que los ciudadanos o la sociedad civil se organizan, debaten y actúan –entre los estados, las empresas y la familia–, en defensa de bienes públicos y derechos ciudadanos, las medidas impuestas en el marco de la pandemia han acelerado la reducción de estos espacios tanto a nivel local y nacional, como regional e internacional. Situación que alarma a la comunidad internacional en general como a la comunidad internacional de derechos humanos en particular.
El reclamo por sus derechos y por el derecho de incidir sobre las políticas públicas, de poder desarrollar interlocuciones con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental e intergubernamental; el derecho de asociarse, expresarse y actuar de forma libre en el marco de la ley, han sido severamente reprimidos por diversos mecanismos legales, ilegales o extralegales –es decir por fuera de la ley–, eventualmente con el uso de violencia física.
Adicionalmente a las medidas legales y a los mecanismos ilegales y extralegales aplicados para desempoderar a la sociedad civil y para reducir su capacidad de expresión y de incidencia –en un giro orwelliano– las nuevas tecnologías han servido asimismo para acelerar la represión de los espacios cívicos dónde se expresan los ciudadanos, a través de diversos mecanismos de control, vigilancia, distorsión, censura e intervención en las redes sociales.
Nuevas tecnologías de control y monitoreo de los ciudadanos constituyen actualmente importantes rubros de exportación a la región de algunos de los principales actores del sistema internacional.
Un reciente informe de la Fundación Igarapé de Brasil establece una tipología detallada de las estrategias aplicadas a la reducción de espacios cívicos por parte de gobiernos que incluyen: cooptación, coerción directa o indirecta, fake news y desinformación, censura abierta, intimidación y acoso, violación de la privacidad (vigilancia del individuo), violación de derechos civiles y políticos, restricciones (legales e ilegales) a la participación y al involucramiento civil, restricciones al financiamiento, violencia física, uso de procedimientos inconstitucionales y abuso de poder.
Estas estrategias se implementan en el marco de una compleja transición mundial, que amenaza los valores básicos del sistema internacional establecido, no solo en el ámbito económico, sino particularmente en lo que se refiere a los valores asociados al estado de derecho y a la gobernanza democrática, a las libertades ciudadanas y a los derechos humanos en especial.
Cualquier parecido orwelliano con alguna realidad –cercana o remota–, no es mera coincidencia.
(*) Andrés Serbin es presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Inv. Económicas y Sociales (CRIES). Consejero pleno del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Fue director de Asuntos del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
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