Día a día se acrecienta la represión ejercida por las fuerzas de ocupación marroquíes contra la población civil saharaui, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en las cárceles marroquíes.
Los propios saharauis denuncian que los ataques a la población se han intensificado con motivo de la guerra iniciada el 13 de noviembre entre el Frente Polisario y Marruecos a raíz de la ruptura marroquí del alto el fuego pactado en 1991.
A los presos civiles saharuis les condenan los jueces marroquíes por defender la autodeterminación. No por vender droga, ni por pertenecer a banda armada, ni por matar, como se les acusa en juicios farsa donde la ausencia de pruebas es una constante. Pero, en cualquier caso, a los presos civiles saharauis se los llevan –ilegalmente- a cárceles del territorio de Marruecos. Según denuncian diferentes organizaciones internacionales.
Mohamed Lamine Haddi, periodista, perteneciente al grupo de Gdeim Izik, cuyo nombre deriva del campamento de protesta protagonizado por los saharauis que duró un mes y fue desmantelado salvajemente por las fuerzas marroquíes, lleva 3 años en aislamiento, en la cárcel de Tiflet 2, en Marruecos. Cumple condena a más de 1.000 kilómetros de su tierra, lleva un año sin recibir visitas, habla por teléfono con los suyos sólo unos minutos a la semana. Tiene úlcera, pero no recibe atención médica. Los carceleros le tratan mal, le roban sus cosas, sus libros, se acercan a él sin protección contra el virus, le humillan.
Ni que decir tiene que las condiciones higiénicas, la alimentación son repugnantes. Haddi se puso en huelga de hambre el 13 de enero y ahí sigue, 35 días después, muy débil, apenas sin poder moverse. Su madre habló con él un minuto y contaba que apenas le salía un hilo de voz. Ha cumplido una huelga de hambre de 36 días para exigir a la administración penitenciaria un trato humano. Respeto que no se ve acompañado de empatía, ya que la prensa, con honrosas excepciones, no parece alarmada por ese tema.
En las calles de las ciudades ocupadas llama la atención la fijación que tienen las fuerzas de ocupación con Sultana Jaya, una mujer que trae en jaque a toda la policía de Bojador. Ya le sacaron un ojo en 2007, en una manifestación, de manera intencionada, rematando la faena cuando pidió ayuda. Nada ha cambiado desde entonces. Sultana sigue reclamando su derecho a la autodeterminación y la policía la golpea, la arrastra, la insulta, casi la mata. Ahora, Sultana lleva 90 días confinada en su casa por la policía. No la dejan ni bajar a la puerta, ni recibir visitas.
El otro día bajó a recibir a unas amigas que se atrevieron a visitarla y la policía se lio a pedradas con ellas. Participó activamente el comisario Hakim Hamer. A Sultana le alcanzó un azulejo entre la sien y el ojo bueno. A su hermana Ouaari le partieron la boca. Las dos amigas también sufrieron heridas. Sultana denuncia en un comunicado del 16 de febrero que el CNDH, Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, asegura haber acudido a su casa para interesarse por su estado de salud cuando “es mentira”. Ni la visitaron ni se comunicaron con ella. “El Consejo es parte del sistema de seguridad en el Sáhara Occidental y sirve a la agenda de ocupación y no a los derechos humanos”. Afirma Sultana
En El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, el joven activista Ghali Bouhala fue secuestrado el día 12, en plena calle, por las Fuerzas Especiales de ocupación. Le llevaron a su propia casa con una bolsa en la cabeza, tiraron la puerta para entrar y también las demás puertas de la casa para hacer un registro, arrasando con todo. Cuando encontraron una bandera de la RASD –República Árabe Saharaui Democrática-, empezaron a estrangular a Ghali con ella. Pegaron a la madre y a la hermana y les robaron los móviles. Se llevaron a Ghali. Estuvo dos días desaparecido hasta que compareció en el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún, acusado de traficar con droga.
Lo mismo le sucedió a su amigo y también activista Mohamed Nafaa Boutasoufra, mismo secuestro, misma violencia en la casa. Cuando la policía le llevó al juzgado el día 14, a él y a Bouhala, estableció un cerco policial para que nadie, ni sus familiares, se acercaran a ellos. Está fijado el juicio para el día 22 de febrero. Ambos, Ghali y Mohamed, están en la Cárcel Negra de El Aaiún. Se da una constante: como te hayas hecho una foto con personajes de la RASD, en los campamentos de refugiados, ten por seguro que caerás.
Desde que desapareció el 15 de enero, la familia de Mohamed Salem Ayyad Ali Al Fahim lo buscó sin descanso por las comisarías y hospitales de El Aaiún sin que le dieran razón. Apareció ya en estado de descomposición en un depósito de cadáveres, 22 días después. ¿Qué hay detrás de esa muerte ocultada? “Las autoridades de ocupación marroquíes encubrieron la muerte de la víctima durante más de dos semanas, sin informar a su familia de las circunstancias de su muerte y la ubicación de su cuerpo” dice la RASD.
ISACOM, la joven Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí pide a las organizaciones internacionales de derechos humanos que presionen por una investigación sobre las causas de la muerte, al tiempo que señalan a las autoridades de ocupación marroquíes como responsables de este crimen.
El 13 de febrero, la Delegación Saharaui para España solicitó la intervención urgente del Gobierno de España para exigir al Gobierno de Marruecos el cese inmediato de esta violencia y garantizar la protección de la población saharaui y el respeto del Derecho internacional.
Son muchos los llamamientos hechos a la Cruz Roja Internacional para que cumpla con su compromiso de velar por los civiles en tiempos de guerra, en este caso, de los civiles saharauis de los territorios ocupados.
En Bojador y El Aaiún, la población sigue resistiendo y saca fuerzas para protestar por la injusticia, la arbitrariedad y la violencia que Marruecos comete contra ellos y, siempre, por la autodeterminación.
***Ahmed Brahim Ettanji es periodista de Equipe Media
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