La pérdida de valores | La Mañana

Cuando hablamos de la pérdida de
valores, no nos vamos a referir a los valores de orden material, al
endeudamiento, a las cajas vacías, al incremento de los déficits, al
despilfarro y corruptelas de todo tipo y calibre. Tampoco al desperdicio de la
magnífica oportunidad que tuvo el país, cuando la aparición de una economía, la
de China con crecimiento de asombro, llevó a precios impensables nuestros
productos de exportación. Es lógico resignarse y aceptar que juntadores de
votos, como Vázquez o Mujica, son claros ejemplos que, sin experiencia de
gobierno, los políticos intuitivos no pueden tener favorables resultados en las
actuales circunstancias históricas, cuando como enseña, Maurice Duverger, se ha
pasado de la democracia liberal a la tecnodemocracia.

En cambio, vamos a destacar lo que ha
sido, un evidente descaecimiento institucional, que se ha operado en el país
durante los gobiernos frenteamplistas. Este descaecimiento supone que se han
ido derribando, poco a poco, las resistencias institucionales, que han ido
erosionando en forma más o menos encubierta, pero pausadamente y desde adentro
del sistema, ante la indiferencia de ciudadanos que, por desaprensión o
ignorancia, no han percibido esos cambios que se les impone sin ningún
sobresalto. Con eficaz, sibilino e insidioso procedimiento, si se quiere hasta
poco perceptible.

Veamos los ejemplos.

En primer lugar, el tema de las
Fiscalías. El fiscal de corte Dr. Rafael Ubiría, fue prácticamente
defenestrado, cuando se pronunció en contra del IRPF, llamado a informar sobre
su constitucionalidad. Aislado y sin apoyo, aceptó renunciar y asumir como
procurador en lo Contencioso Administrativo.

Seguidamente, se pretendió designar a la
Dra. Guianze, clara militante frentista en forma provisoria, al no alcanzar los
votos.

Ante el dislate, se propuso al Dr. Jorge Díaz, pese a no estar en la carrera del Ministerio Público, pues era magistrado judicial, a quien le revocaron sentencias como a cualquier otro. De todos modos, y con la ingenua indiferencia de aquella oposición, lo votaron por unanimidad. Hoy se ha podido apreciar que, dotado legalmente de exageradas potestades, ha logrado desnaturalizar el proceso acusatorio del nuevo Código Procesal Penal, para convertirlo en un mero procedimiento administrativo, y ha demostrado una inconveniente parcialidad, ostensible y clara en el caso del Gral. Manini.

Finalmente, la conversión legislativa de
la Fiscalía de Corte en un servicio descentralizado, va contra la Constitución
que, para esa institucionalidad, reserva el dominio comercial e industrial del
Estado, en forma exclusiva.

En segundo lugar, el Cilindro municipal
convertido en Antel Arena, violenta el principio de especialidad o
especificidad de los entes autónomos, al desviar fondos para fines que son
ajenos a su cometido. ¿De quién es hoy, del municipio o de Antel?

En tercer lugar, derogación por simple
mayoría legislativa (un solo voto) de la ley de Caducidad, ratificada por dos
plebiscitos y, por tanto, dotada de una legitimidad indiscutible por el pueblo
titular de la soberanía, lo que impone en base al principio de derecho público
del “paralelismo de las formas” que se pronuncie otra vez el pueblo y no
decidan meramente los legisladores, desoyendo un mandato del soberano. No
obstante, la Suprema Corte no ha declarado inconstitucional toda la Ley 18.831,
sino solamente dos artículos.

En cuarto lugar, los permanentes
desconocimientos a las observaciones del Tribunal de Cuentas, que se cuentan
por cientos y revelan la indiferencia sobre ese contralor en las compras directas
muy numerosas que se hicieron por altísimos valores, las licitaciones pequeñas
o de gran monto, limitadas o abiertas. Siempre evitando todo control y, por
supuesto, una administración sin transparencia, que repudiaba todas las normas
del Tocaf y violando toda la regularidad en la contratación estatal.

En quinto lugar, las designaciones en
las que el nepotismo fue una constante, la elección de personas sin formación
alguna e ineptas para los cargos, la creación de direcciones y gerencias en
todos lados, sin otra finalidad que la de mejorar los sueldos de los “compas”
beneficiados y jamás la de mejorar el servicio.

En sexto lugar, la creación, muchas
veces superfetaria, de personas jurídicas de derecho privado, con capitales del
Estado, para evitar los controles que, aunque fuese formalmente, están
obligadas a respetar, en las que se fueron millonarias pérdidas de las que
nadie se hizo ni se hará cargo.

Podríamos seguir con la retahíla de
creaciones innecesarias, cuando no absurdas, que en estos quince años
transcurridos llevaron la deuda externa a extremos superlativos.

Finalmente, el escándalo del Dr. Toma y sus viajes vip, han permitido conocer que, violando toda normativa, tenía su sueldo como funcionario público, pero además cobraba otro sueldo del Estado, porque era contratado por la Corporación para el Desarrollo y, a su vez, tenía otro contrato de asesoramiento de la Comisión de Lucha contra el Cáncer.

Ha sido esta una forma inadmisible de gobernar. Corresponde decirlo y repetirlo, para que la ciudadanía sepa cómo se usaba y con qué fines, seguridades y garantías manejaba el F.A. los dineros públicos y por qué razones dejaron exhausto y sin recursos el erario público.

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