Por Yasmine Kacha, investigadora sobre Argelia/Marruecos/Sáhara Occidental en Amnistía Internacional
El 13 de noviembre, el ejército de Marruecos lanzó una operación en el pueblo de El Guerguerat, en la disputada región del Sáhara Occidental, para desmantelar un campamento montado tres semanas antes por unos 60 saharahuis que protestaban pacíficamente. Las autoridades marroquíes afirmaron que el campamento bloqueaba el tráfico entre la zona del territorio no autónomo del Sáhara Occidental[1] controlada por Marruecos y Mauritania.
Marruecos afirmó que la operación militar había sido un éxito y el tráfico se reanudó de nuevo. Sin embargo, al día siguiente el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, anunció que el Frente Polisario consideraba roto el alto el fuego en vigor desde 1991. Desde entonces, ha habido informaciones de fuego cruzado entre ambos bandos.
Según organizaciones locales que observan la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, a la operación del ejército marroquí le siguió una represión de activistas saharauis por parte de la policía de Marruecos, con registros en viviendas, aumento de la vigilancia y arrestos.
El origen de estos últimos acontecimientos en El Guerguerat, una zona temporal de seguridad bajo la observación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) —la fuerza de las Naciones Unidas que vigila el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario— se remonta a varios años atrás, cuando Marruecos comenzó a construir una carretera asfaltada en la zona.
El Polisario argumentó que la construcción de la carretera violaba el derecho internacional. Los saharauis favorables a la autodeterminación comenzaron a organizar manifestaciones pacíficas en la zona para recordar a la comunidad internacional su compromiso de hallar una solución a una de las pocas situaciones de descolonización aún no resueltas en el mundo.
Aunque no hay informes de víctimas civiles en los enfrentamientos, los últimos acontecimientos son un duro recordatorio de la urgente necesidad de un mecanismo de observación de los derechos humanos que sea independiente, imparcial y efectivo, tanto en el territorio como en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia.
Durante los últimos diez años, el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho oídos sordos a las peticiones de Amnistía Internacional y otros para que se incorpore un componente de derechos humanos a la MINURSO, lo que permitiría a esta misión observar e informar sobre abusos contra los derechos humanos, como hace la gran mayoría de las misiones comparables de la ONU en todo el mundo.
A esto se añade el hecho de que en los últimos años los observadores externos han tenido cada vez más difícil el acceso a la región a medida que seguía deteriorándose la situación de los derechos humanos. En 2020, las autoridades marroquíes impidieron al menos a nueve abogados, activistas y políticos que accedieran al Sáhara Occidental. También se ha negado el acceso a periodistas.
A medida que aumentan los enfrentamientos entre Marruecos y el Frente Polisario, se incrementa la presión sobre activistas locales de derechos humanos y simpatizantes de la autodeterminación saharaui.
Entre el 13 y el 21 de noviembre, la policía marroquí rodeó y mantuvo una estrecha vigilancia sobre las viviendas de activistas y periodistas saharauis, entre otras en las ciudades de El Aaiún y Cabo Bojador. Entre las personas objeto de vigilancia se encontraban las activistas Mahfouda Lefkire y Nazha El-Khalidi y el activista Ahmed Ettandji.
Organizaciones locales que observan la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental informaron también sobre la detención de al menos cuatro saharauis en El Aaiún. Una de las personas detenidas fue una niña de 12 años, arrestada el 19 de noviembre, según informes por vestir ropas militares en la escuela y una blusa con la bandera saharaui. Quedó en libertad ese mismo día.
Por su parte, en agosto de este año la policía del Frente Polisario arrestó al periodista ciudadano Mahmoud Zeidan en el campo de refugiados de Tinduf, lo mantuvo retenido 24 horas y lo interrogó sobre publicaciones en Internet en las que había criticado la distribución de ayuda durante la pandemia de COVID-19.
Actualmente es muy inusual que se permita a organizaciones de derechos humanos realizar tareas de observación e información sobre el terreno, ni en el Sáhara Occidental ni en los campamentos de refugiados de Tinduf.
Esto tiene que cambiar, especialmente ante lo que parece una nueva fase de conflicto en la larga disputa por el territorio, con posibilidad de una reanudación de los combates que ponga en peligro a la población civil y una intensificación de la represión de la disidencia por ambas partes.
Ahora más que nunca es una necesidad apremiante la observación e información imparcial e independiente de la ONU sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
[1] El Sáhara Occidental es una ex colonia española situada en la costa del Atlántico entre Marruecos y Mauritania. La ONU la considera un “territorio no autónomo” desde que España se retiró de él en 1975. En 1991 se firmó un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y se estableció una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (MINURSO). Actualmente el territorio está dividido por una berma de arena de 2.700 km construida por Marruecos, que administra de hecho su zona occidental. Al este de la berma están los territorios liberados por el Frente Polisario, que tiene sus bases en los campamentos de refugiados saharauis existentes en la ciudad de Tinduf (Argelia) desde 1973.
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