A mi llegada al Ministerio de Justicia y Paz, a mediados de febrero del 2020, tenía claro que uno de los temas de atención prioritaria sería el de la Unidad de Monitoreo Electrónico (UME), que en los meses anteriores había identificado una serie de falencias, las cuales habían generado un especial interés en la opinión pública, y cuyo contrato vencía en febrero de 2021.
En este marco, el 2020 trajo como resultado una serie de mejoras en la UME; mudanza a nuevas instalaciones, con espacios adecuados para el trabajo policial, técnico, administrativo e incluso para recibir en audiencia a jueces y juezas de ejecución de la pena y para atender a las personas monitoreadas; incorporación de nuevo personal policial y técnico; implementación de nuevos procesos en el modelo de atención a la población monitoreada; y el cambio de la plataforma tecnológica a través de la cual se realiza el monitoreo.
Todo esto dio como resultado información precisa en tiempo real sobre los movimientos y cumplimientos técnicos de cada persona monitoreada, con lo cual las solicitudes de los juzgados de ejecución pueden atenderse en horas (no en meses como antes). Se tiene una gama amplia de alertas para distintas situaciones, que son priorizadas según una matriz de riesgos y se informan a su vez a los juzgados de ejecución, según corresponde. Se corrigió el desabastecimiento de dispositivos y ahora se maneja un stock en un sitio con diferentes tallas, que es gestionado por un técnico, quien además brinda soporte técnico a la UME en sitio y en campo, junto con un equipo de asistencia remota. Asimismo, la visualización de las personas monitoreadas se hace en una interfaz con mapas que muestran tanto las zonas de inclusión como de exclusión, y registra la ubicación incluso cuando el dispositivo es sumergido en agua (anteriormente el agua era una de las formas para vandalizarlo).
Desde la perspectiva técnica, los profesionales en educación, derecho, trabajo social, orientación y psicología trabajan con cada persona monitoreada para el cumplimiento de sus metas de inserción social, ya sea con opciones laborales o educativas, de lo cual también se rinde informe a los juzgados de ejecución de la pena. La creación de un expediente único para ordenar la información tanto policial como técnica de cada monitoreado, así como la implementación de redes de apoyo para la inserción social, una mejor articulación con otros cuerpos policiales para respuesta a incidentes, y la ampliación del horario de atención, son algunas de las mejoras que están haciendo que el servicio de monitoreo llegue a un nivel de madurez y de estabilidad cada vez más óptimo, luego de haber transitado complejas etapas de arranque e implementación.
El monitoreo electrónico, como modalidad alternativa de ejecución de la pena le sirve a Costa Rica, no solo porque le da la oportunidad a más de 1800 personas de buscar mejores opciones de vida al tiempo que descuentan una pena, sino porque diariamente al Estado le cuesta mucho menos que una persona dentro de un centro penitenciario (US$12,5 versus US$50); este menor costo le representó al país un ahorro de US$1,7 millones de dólares en 2020, gracias al cambio de tecnología que se implementó. Además, la tasa de reincidencia de esta población es baja (2%), lo cual demuestra el gran aprovechamiento que hacen de ella quienes tienen la posibilidad de ejecutarla.
Desestabilizar el servicio de monitoreo electrónico es desestabilizar las vidas de unas 1800 personas y sus familias, así como desestabilizar las finanzas del Estado y el sistema penitenciario costarricense.
En este marco, el Ministerio de Justicia y Paz se prepara para lanzar, en este mes de febrero, la licitación pública internacional que permitiría contratar el nuevo proveedor del sistema. La preparación de esta licitación se enriqueció con las necesarias lecciones aprendidas en todos los cambios que experimentó la UME durante 2020, ya que el proveedor que se contrate la acompañará durante los próximos cuatro años en esta nueva etapa. A su vez, también se ha visto enriquecida con los resultados de una auditoría que le efectuó la Contraloría General de la República en la segunda mitad del 2020, haber lanzado la licitación antes, sin contar con esos insumos, no parecía razonable, pues se abría el riesgo de tener que generar futuras adendas al contrato que se firme con el nuevo proveedor, por no haber incluido a tiempo en el cartel temas que afortunadamente hoy estamos en capacidad de contemplar. En palabras de los constructores, es más sencillo mover una pared en el plano, que una vez construida.
En febrero de 2020 dije que venía a trabajar con y por la gente, y los esfuerzos que estamos haciendo en monitoreo electrónico lo confirman; el país cuenta con una alternativa distinta a la prisionalización, más acorde a la progresividad de los derechos humanos y el desarrollo tecnológico de nuestro tiempo. La conservación de los lazos familiares y sociales, el desenvolvimiento de la persona monitoreada dentro del mercado laboral, la reducción del hacinamiento carcelario y la minimización de costos para el erario público son algunas de las bondades que ha traído su aplicación. De cara al crecimiento y mejora continua de este servicio en el país, los actores claves involucrados en su aplicación: Sala III, la Defensa Pública, la Fiscalía, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea y el Ministerio de Justicia y Paz, trabajaron en la propuesta de una serie de mejoras a la ley 9271 de Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal, que esperamos pronto pueda tener trámite legislativo.
El Ministerio de Justicia y Paz continuará trabajando con y por la gente echando mano de todas las herramientas y posibilidades que tenga a su alcance dentro del marco de legalidad; nuestro compromiso con la prevención de la violencia, la inclusión, la inserción social, la seguridad ciudadana, y en definitiva, con la seguridad nacional, nos motiva y nos reta cada día.
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