El medio presentó un amparo constitucional para que Nicanor Duarte Frutos entregue información pública, luego de que omitiera un dictamen del Ministerio de Justicia. Su capricho va en contra de todas las medidas para el combate a la corrupción. Según especialistas del derecho se viola una norma constitucional. El caso ahora queda en manos de la jueza de Primera Instancia Alice de Lorenzi.
Tras varios intentos para que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregara la información sobre sus gastos en publicidad y ayuda social, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, y que esta no haya pasado los datos correspondientes, el diario La Nación decidió presentar una demanda contra la entidad. La falta de transparencia del director Nicanor Duarte Frutos afecta también a la imagen del país, según analistas.
El documento presentado este viernes ante el Poder Judicial es un amparo constitucional para que Yacyretá entregue la información pública solicitada por este medio. Dicho recurso judicial fue patrocinado por el asesor jurídico del Grupo Nación, el Dr. Raúl Prono, quien actuó en representación de los pedidos realizados por el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini.
“Este es un transitar que comenzó en octubre, la EBY alegó que debíamos tramitar la autorización para la entrega de esta documentación con la Cancillería, lo cual es incorrecto, la propia Dirección de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia ya dispuso en un dictamen que la EBY es una fuente pública de información y que no hay ningún trámite previo en la Cancillería”, recordó el abogado.
Asimismo, resaltó que en su momento también Yacyretá dijo que no podría entregar esta información porque están regidos por un tratado que supuestamente está por encima de la ley, que tampoco aplica en este caso. De acuerdo al abogado, se está ejerciendo un derecho con base en una ley que regula una disposición constitucional refiriéndose al Artículo 28 del derecho a informarse.
Según este artículo, las fuentes públicas de información son libres para todos. “La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”, reza la Constitución Nacional.
El caso finalmente quedó en manos de la jueza de Primera Instancia de la Niñez y de la Adolescencia del 2° turno, Alice de Lorenzi, quien salió sorteada para atender el amparo. La próxima semana el Juzgado deberá emitir una providencia de traslado a la EBY, la cual contestará dentro de los plazos establecidos por la ley.
El pasado lunes 25 de enero, los periodistas Rossana Escobar y Jhojhanni Vega Fiorini, del área de Investigación del Grupo Nación, presentaron una intimación al director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, para que entregue información sobre la rendición de cuentas de los gastos en ayuda social y publicidad. Sin embargo, la entidad solo ofreció como respuesta la publicación en su web de datos muy limitados.
El capricho de Duarte Frutos de no proporcionar los datos de sus gastos en publicidad e inversiones sociales no solo constituye una violación de la ley sino que además afecta a la imagen del país que actualmente enfrenta el proceso de Evaluación Mutua (EM) ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que el país debe defender los avances en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante sus pares o países miembros.
Según especialistas del sector económico, la actitud de Duarte Frutos va de contramano con las políticas de transparencia que se imponen para presentar al país de la mejor manera. “Creo que aportan negativamente, porque el primer estamento que debería ser transparente es justamente el sector público”, indicó el ex ministro de Hacienda, César Barreto, al ser consultado al respecto.
Señaló que Yacyretá debería proveer la información que se le solicita ya que por alguna razón se piden los datos. “Todo acto de gobierno que implique falta de transparencia conspira contra eso (EM), porque los actos de corrupción están relacionados con delitos precedentes de lavado de dinero y están penados”, mencionó Barreto.
Por su parte, Diego Marcet Oviedo, director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), señaló que el precepto de la transparencia está protegido judicialmente por lo que es importante, además, que se trata de una política de Estado. “Un evaluador de Gafilat mira la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia del lavado, y si la corrupción es una amenaza, las políticas de transparencia ayudan a combatir ese fenómeno porque es importante que toda la gestión pública sea transparente”, afirmó Marcet.
Por último, el economista Juan Cresta opinó que la negativa de una institución como Yacyretá podría además afectar a la imagen del país. “Es sumamente importante que todo el sistema sea transparente, que se cumplan con todas las reglas”, sostuvo. De no pasar la evaluación de Gafilat, Paraguay quedaría en la “lista gris” y perdería muchas inversiones.
Hasta el momento se sabe que unos US$ 70 millones fueron repartidos por Yacyretá a cargo de Nicanor Duarte Frutos, por medio de las transferencias sociales, según se recabó del portal de la entidad. Lo que no se sabe es cómo se gastó, a cuánto se compró, los contratistas y los beneficiarios de muchos de los programas sociales que financia la binacional.
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