La UFE Gefas, creada en 2017, trabaja en la persecucin penal de los delitos contra la integridad sexual, particularmente en los casos en los que las vctimas son nias, nios y adolescentes. Crdito: Archivo El Litoral
Carlos Ernesto Arietti (*)
Sorpresivamente, en los últimos meses se hicieron públicas expresiones que buscan obstaculizar indebidamente la persecución penal de los delitos contra la integridad sexual sufridos por niñas, niños y adolescentes. Curiosamente, esas manifestaciones parecen cobrar mayor fuerza cuando los imputados pertenecen a determinados sectores o grupos sociales.
Si se analiza en detalle la forma concatenada en que vienen sucediendo los acontecimientos, es posible advertir la existencia de un discurso reaccionario que, en base a tergiversaciones, falsedades y ausencia de pruebas, procura deslegitimar el trabajo de los integrantes del Poder Judicial, en particular, de las fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (UFE Gefas) de Santa Fe.
Pero no se trata sólo de eso. También se busca generar temor en los justiciables, confundir a la opinión pública y presionar a los poderes públicos.
A modo de ejemplo, es posible mencionar las declaraciones efectuadas por allegados y familiares de imputados y condenados por abuso sexual y por algunos abogados del foro local, tanto en redes sociales como en diversos medios periodísticos. También la publicación de videos en YouTube en los que se exhiben entrevistas en Cámara Gesell realizadas por psicólogos a menores de edad víctimas de abuso, el reparto de volantes con frases injuriosas a jueces y fiscales, la presentación de temerarias denuncias administrativas y penales contra fiscales, y el planteo de hechos tergiversados en reuniones virtuales con legisladores.
El objetivo último de la intentona es lograr la impunidad y/o mejorar la situación procesal de personas que, reiteramos, son investigadas como autoras de violaciones o abusos sexuales.
Ante ello, debe quedar claro que la actuación funcional de los órganos fiscales de la UFE Gefas no responde a una coyuntura o tendencias de moda; ni resulta aislada, antojadiza o asistemática. Por el contrario, se enmarca en los objetivos de política criminal y los criterios jurídicos generales establecidos por la Fiscalía General y la Fiscalía Regional del MPA.
Asimismo, debe remarcarse el trabajo serio y responsable que la UFE Gefas viene desarrollando desde su creación a fines de 2017, en la persecución penal de los delitos contra la integridad sexual, particularmente en estos casos de mayor gravedad en los que las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
El nivel de especialización y excelencia jurídico penal alcanzado por sus integrantes, su dedicación, la permanente articulación con otros actores e instituciones (psicólogos, médicos, Policía, Secretaría de la Niñez, áreas de la Mujer de municipios y comunas, etc.) y el cuidadoso análisis y clasificación de los casos que llegan a su conocimiento, posibilitó aumentar la calidad de las investigaciones. Y eso se refleja, y explica, el aumento de las condenas, lo que permitió una sensible disminución de la impunidad de estos delitos.
Para ejemplificar el rendimiento y logros de esta Unidad Fiscal, se puede mencionar que en poco más de dos años promovió y participó en 35 juicios orales por abusos sexuales, todos los cuales terminaron con condenas. También, que este año se presentaron hasta el momento 147 pedidos de condena en juicios abreviados; que cada semana se reciben en promedio 15 denuncias por delitos sexuales, y que 220 imputados se encuentran hoy en prisión preventiva. Por otra parte, en el año 2016 se realizaron en la ciudad de Santa Fe solamente 69 entrevistas a víctimas y testigos a través del dispositivo de Cámara Gesell, mientras que en 2019 ese indicador ascendió a 428.
Lo cierto es que en la sede judicial Santa Fe existía un grave problema de acceso a la Justicia y privación del derecho de personas en condición de vulnerabilidad (por edad y género) a ser oídas, con posible incurrimiento de responsabilidad internacional del Estado. Y esa situación, en la actualidad, se revirtió.
No puede soslayarse que, en el marco de la actividad de la UFE Gefas, se presentaron casos en los que se investiga y/o se condenó a reconocidos empresarios, profesionales universitarios y otras personas de ciertos sectores de la sociedad santafesina. Esto refleja una política de persecución penal orientada a superar la selectividad que caracteriza, en general, el funcionamiento del sistema penal.
Por más que resulte obvio, igualmente debe afirmarse que toda esta actividad judicial ha venido siendo respetuosa del Estado de Derecho y del debido proceso. Los casos en los que los órganos fiscales consideran que no tienen elementos para avanzar no son presentados ante los Tribunales sino que son desestimados o archivados; los imputados han gozado de todos sus derechos y garantías -incluido el de recurrir todas las resoluciones judiciales de importancia que se dicten en su contra-; la valoración de la prueba sigue respetando las reglas de la sana crítica racional -desprovistas de estigmas revictimizantes o prejuicios de género-; los estándares probatorios no se han relajado en perjuicio del imputado -lo que implica que jamás se condena a una persona por una simple denuncia-; los testimonios siguen siendo valorados conforme a su coherencia interna y la presencia de elementos de corroboración externa, y un largo etcétera.
En resumen, los procesos penales ponderaron los derechos de los imputados con los de las víctimas, procurando garantizar a éstas su dignidad, seguridad e intimidad, conforme mandatos convencionales y del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia.
Estos avances enfrentan en los últimos meses una reacción que se manifiesta en un discurso que tergiversa la realidad de los procesos y la prueba producida en ellos, la repetición de falsedades a través de medios masivos de comunicación, la difusión de agravios e intimidaciones en redes sociales y hasta agresiones a fiscales. La situación ha llegado a un punto que genera preocupación en el ámbito del MPA, y ha merecido el repudio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Asociación de Fiscales y el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción ante hechos puntuales.
El compromiso de los integrantes del MPA es continuar trabajando de manera objetiva para resguardar la vigencia equilibrada de todos los valores jurídicos consagrados en la Constitución y la ley.
(*) Fiscal Regional de Santa Fe
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