La frase apareci publicada en 1928 en ‘Printer’s Ink’, revista del sector publicitario norteamericano: “Un artculo que no se desgaste es una tragedia para los negocios”. Para qu vender menos si diseando los productos con fallo incorporado vendes ms?
La historia de una idea que cobró fuerza como salvación dinamizadora en los años de la Gran Depresión se convirtió en mantra de la sociedad de consumo –comprar, usar, tirar, volver a comprar– y se ha transformado en seria amenaza medioambiental.
El pasado 25 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el derecho a reparar. Una iniciativa que de momento no tiene elementos obligatorios, ya que es la Comisión Europea la que tiene que proponer la ley, pero que se podría encaminar, si hay voluntad, para combatir la obsolescencia programada.
Los eurodiputados piden así a la Comisión que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”.
Además, con esta iniciativa buscan aumentar el apoyo a los mercados de segunda mano, reclamar medidas para eliminar las prácticas que promueven la obsolescencia programada e impulsar la fabricación sostenible a través de contrataciones públicas más verdes y un marketing y una publicidad más responsables.
Unos frentes que confluyen en una medida principal: la obligación de etiquetar los productos en función de su dificultad de reparación. Este punto hace referencia al etiquetado sostenible, es decir, a la información sobre cuánto de reparable es un producto y su durabilidad. Y en esta cuestión hay que referirse sobre todo a lo asequibles que sean las piezas de repuesto, que a día de hoy son muy caras, y a la dificultad de reparar el aparato. La unión de ambos puntos hace que al final el cliente casi siempre prefiera comprarse otro que repararlo y eso es algo que hay que cambiar. Una medida que amplía las iniciativas planteadas por el ecodiseño, a través del cual la UE proponía que se buscaran mejoras en el diseño de los productos para fabricarlos con materiales reciclables y que los componentes pudieran sustituirse con facilidad.
Además, con la aprobación de la resolución del derecho a reparar también se abrirá una nueva lucha contra la obsolescencia programada de móviles, tablets y ordenadores a través del sistema operativo y los programas que incorporan.
De todas formas, aunque se trata de un cierto avance, todavía no es suficiente. Se trata de una iniciativa más, como la que se creó en 2019 que obligaba a los fabricantes de algunos electrodomésticos a tener piezas de recambio durante dos años más. En la práctica eso no ayuda nada, porque el problema es que las reparaciones son tan caras que la mayoría de las personas prefieren comprar uno nuevo.
Parecen cuestiones de puro sentido común, más aún en la Europa Verde del que tanto se habla ahora, del Green Deal, y la economía circular, que deberían de guiar la recuperación poscovid. Sin embargo, como ya he comentado en algunas otras ocasiones, diversos sectores económicos no están por la labor, y sus intereses son los que mandan.
Hoy por hoy todavía la reparación y la reutilización siguen siendo la hermana pobre de la gestión de política de residuos, aunque en la jerarquía comunitaria en materia de gestión de residuos figure en el primer lugar junto a la prevención. A diferencia del reciclaje, la reparación permite la recuperación del producto con una relativamente baja aportación de materia prima. Teniendo en cuenta que el reciclaje se basa en la destrucción de los productos, muchas veces mediante agresivos procesos industriales, para la recuperación de materia y la creación de nuevos productos, debería de plantearse la reparación como alternativa.
Pero volviendo a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 25 de noviembre, sin duda, hay que recibir con satisfacción pasos que se den en la UE en favor de la reparación y reutilización, aunque siendo conscientes de que hay que atravesar un largo recorrido legal y administrativo para que lleguen a plasmarse en obligaciones reales. Así que esperanzados sí, pero con reservas.
Hoy en día, la obsolescencia programada está presente en todos los aparatos electrónicos que compramos. En el Estado español, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluye dentro de las obligaciones para los fabricantes que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil, pero no penaliza la obsolescencia programada.
Según una encuesta del Eurobarómetro en 2018, un 77% de la ciudadanía de la UE preferiría reparar sus bienes antes que comprar otros nuevos, pero en última instancia los reemplazan o se deshacen de ellos ante las dificultades para subsanar las averías. Y más del 90% estima que los productos deben estar claramente etiquetados para indicar su durabilidad.
Actualmente el 80% de los impactos ambientales de cualquier producto se pueden evitar en la fase de diseño. El problema es que se diseñan productos con fallos o con muy poca durabilidad para que el consumidor vuelva a cambiar de artículo y pagar por otro. Es la obsolescencia programada.
Es muy fácil ver en cantidad de productos o artículos que compramos lo difícil o incluso diría más, lo imposible que resulta desarmarlos para que se puedan aprovechar sus recursos naturales, ya que una mezcla de algunos componentes también puede dañar los procesos productivos.
Pero también sucede que no se pueden reparar, porque fueron concebidos y fabricados para funcionar de tal manera que se cumpla lo que es la sociedad de consumo actual, es decir, comprar, usar, tirar y volver a comprar. Claramente estos productos no fueron diseñados con la intención de repararse.
Por tanto, una primera exigencia debería ser que el producto sea diseñado de forma que no haya piezas de calidad deficientes que haga que se deterioren prematuramente, que sean demasiado frágiles para el uso normal del dispositivo o que tenga un ensamblado con materiales que impidan su apertura para la reparación.
En segundo lugar, que reparar el producto o sustituir los consumibles o baterías sea posible ,y tenga un coste notablemente inferior al de comprar un producto nuevo.
En tercer lugar, que los fabricantes informen claramente de la vida media prevista del producto, las posibilidades de reparación, o cómo se debe proceder para el correcto reciclaje.
Uno de los retos de la economía circulares alargar la vida útil de los productos. Tenemos que asistir, más pronto que tarde, a un cambio de modelo productivo en el que se ponga el énfasis en que los productos puedan ser reutilizados y reparados para prolongar al máximo su vida útil, y así poder reducir al mínimo la cantidad de residuos generados.
Experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y de Periodismo Ambiental de Euskadi
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