En medio de la ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia por parte de Alberto Fernández, se conoció este lunes el rechazo de la jueza federal María Servini para investigar la denuncia contra los integrantes del máximo tribunal por no haber abierto para su análisis la condena de Amado Boudou por corrupción en el caso Ciccone.
Para el presidente de la república, aquella decisión de la Corte evidencia un supuesto desapego a sus funciones, y una aparente prueba de que el tribunal selecciona y decide sus fallos bajo una inspiración política. El veloz rechazo de Servini a buscar algún delito en aquel fallo de la Corte es una fuerte desmentida a la pretensión del gobierno, doblemente elocuente por la relación cercana de la jueza con el presidente.
El 17 de diciembre, luego del fallo del máximo tribunal que dejó firme la sentencia contra el ex vicepresidente de la Nación, el abogado Tomás Angel Pérez Bodria denunció a los ministros de la Corte por supuesto uso indebido de sus funciones.
El sorteo de la denuncia la dejó en manos de Servini y el fiscal Eduardo Taiano, en quien fue delegada la investigación para determinar si había o no indicios suficientes como para abrir una causa judicial.
Once días después, el 28 de diciembre, Taiano consideró que “el denunciante pone en tela de juicio el desempeño de los miembros del Alto Tribunal, pretendiendo una evaluación de su desempeño en las distintas causas en las cuales aquél debió resolver, intentando encuadrar con tal argumentación las decisiones tomadas dentro de una figura penal. Pero tal razonamiento, resulta ser ajeno a esta instancia penal.”
En su fundamentación para rechazar la denuncia, Taiano razonó que “el derecho penal no debe ser utilizado como prima o única ratio para la solución de los problemas sociales, que muchas veces son perfectamente filtrables por otras ramas del ordenamiento jurídico. La intervención del poder punitivo debe quedar reducida, como ya lo hemos expuesto con anterioridad, a aquellos casos en donde hayan fracasado todos los demás controles formales e informales.”
“Cabe recordar que el derecho penal no puede servir de pretexto para llevar a cabo una ‘excursión de pesca ’ con el objetivo de determinar si se cometió algún delito, en tanto que ello resulta inaceptable en un Estado de Derecho”, escribió Taiano. “Teniendo en cuenta las cuestiones analizadas, esta parte opina que los sucesos denunciados no constituyen delito alguno, por lo que no corresponde instar la acción penal”.
En una breve resolución firmada el 30 de diciembre pero conocida este lunes, luego de la feria judicial, la jueza Servini cerró el asunto: “frente a un pedido Fiscal de desestimación de una denuncia, el Juez se encuentra imposibilitado no sólo de ordenarle al Fiscal que requiera su instrucción, sino que ese impedimento abarca también la posibilidad de conocer y decidir sobre el asunto traído a su conocimiento”. Una formalidad procesal para enviar al archivo el intento de judicializar la resolución unánime de la Corte respecto de Boudou.
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