La jueza María Antonia Coscollola ha dejado al expresidente catalán Quim Torra a un paso del banquillo en su segunda causa por desobediencia. En un auto de procesamiento notificado este lunes, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona considera que el líder independentista incurrió en una “contumaz rebeldía” al ignorar la orden una pancarta del Palau de la Generalitat en apoyo a los presos del ‘procés’, abriendo entonces un plazo de 10 días para que las acusaciones y su defensa soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
La causa se remonta a septiembre de 2019, cuando la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que los lazos amarillos o las pancartas a favor de los presos del ‘procés’ que se colocan en los edificios público incumplen los deberes a los que está sometida la administración de representar al conjunto de la ciudadanía.
Beatriz Parera
Frente a la solicitud de retirarlos que lanzó el TSJC, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera “la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso”, argumento que los magistrados echaron por tierra: como ciudadanos que no se alinean “con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo”, el tribunal consideró que se veían afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.
El 20 de septiembre, el tribunal dio entonces 48 horas a Torra para quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los “presos políticos” de la fachada del Palau. Lejos de obedecer el mandato, Torra denunció una “vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión“, para lo que presentó los símbolos como un clamor “mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales”.
EFE
El 27 de septiembre, expirado ya el plazo, el tribunal ordenó entonces que los Mossos d’Esquadra retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del Palau sobre las 15:30. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo envite: a las 18:00, colgó otra pancarta con el lema ‘Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos’. De forma paralela, la Generalitat interpuso un recurso contra la orden del TSJC, pero la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo lo rechazó el 4 de noviembre de 2019,
El caso quedó así en manos de la Sala de lo Penal del TSJC, que citó a Torra como imputado el 23 de septiembre. Pese a acudir a la comparecencia, el líder independentista se negó a declarar y aseguró que “la sentencia ya está escrita“, presentándose como una víctima más de la “represión” al independentismo. Días después de pronunciar estas palabras, el Supremo confirmó la anterior condena del TSJC contra Torra por desobediencia, sentencia que se basaba en su negativa a retirar los lazos de los edificios de la Generalitat pese a los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) en campaña.
Tras la confirmación del alto tribunal, la segunda causa quedó en manos del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona. “Hubo presuntamente por parte del investigado una falta de acatamiento. Sin que ello implique hacer valoraciones anticipadas, la conducta del investigado demuestra indiciariamente una contumaz rebeldía frente a lo ordenado”, explica la jueza en el auto notificado este lunes. “Así lo denota la publicación del Comunicat de l’Oficina del President de la Generalitat de 20-09-2019, en que el President —ya notificado y requerido personalmente de cumplimiento— manifestó expresamente que no retiraría la pancarta“.
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