La tradicional Editorial Porrúa, la de la esquina de Argentina y Justo Sierra, cerca del Templo Mayor, entre sus especialidades tiene la de libros de derecho y acaba de editar una novedad importante para las ciencias penales y la justicia en México. Se trata de un libro de avanzada, integrado por tres estudios de temas que abren brecha en esta rama, su título es Tres paradigmas de la justicia penal, de Salomón Baltazar Samayoa, publicado el primero de diciembre pasado, hace un mes.
No es un texto escolar, como la mayoría de los libros jurídicos de Porrúa, se tra-ta de tres investigaciones bien meditadas, con sólidos cimientos teóricos que analizan cuestiones prácticas para la impartición de justicia y la política criminal; se trata de experiencias profesionales de quien, en plena madurez intelectual, propone reflexiones y conclusiones. La obra, que no es la primera de su autoría, es recomendable por todos los conceptos.
Los temas que integran el libro pueden ser leídos con gusto por quienes no sean especialistas en las ciencias penales, pero con más razón serán bien recibidos por los especialistas en la materia, ahora tan pervertida por la mala influencia de la interesante serie La ley y el orden y por las exigencias de la geopolítica. El primer ensayo se refiere a la responsabilidad penal en un caso de “autor mediato”; es más que una exposición de derecho comparado y de teoría jurídica, en él se relata un caso ejemplar que abrirá caminos para acabar con la impunidad de los poderosos; el segundo tema se refiere a la prueba y también aporta elementos de doctrina y casos prácticos; el tercero toca el interesante asunto de la seguridad ciudadana, es propiamente un proyecto de política; cada uno tiene su propio valor y combinan derecho sustantivo, derecho procesal, derecho comparado y casos relevantes.
La verdad es que los tres ensayos tienen un gran interés científico y técnico y abren brecha para un análisis y debate mayores. Y, muy importante, abonan a la construcción de un instrumento legal y legítimo para que la autoridad pueda perseguir los delitos que cometieron los poderosos, quienes tuvieron mando y ejecutaron actos ilegales con las manos de otros, a través de sus subordinados o por conducto de los aparatos burocráticos o militares que tuvieron bajo su control.
El autor plantea un caso de Chihuahua: la desaparición, en diciembre de 2009, de tres jóvenes modestos, habitantes de un ejido serrano de San Buenaventura, Chihuahua, primos entre ellos, dos jóvenes y una adolescente parcialmente incapaz por una parálisis en un brazo y una pierna; los tres fueron sacados por la fuerza por integrantes de un batallón de infantería con sede en Nuevo Casas Grandes; se les mantuvo en prisión clandestina y, finalmente, se les ejecutó, negando siempre a sus familiares noticias sobre ellos.
La justicia militar abrió una averiguación y detuvo al jefe del batallón, un coronel bien identificado que estuvo algún tiempo en prisión, pero cuya causa fue posteriormente abandonada; intervinieron las comisiones de Derechos Humanos estatal, la nacional y la Interamericana, que declaró al Estado mexicano responsable de las violaciones a los derechos de los desaparecidos y sus familiares.
El planteamiento central del estudio del doctor Baltazar Samayoa es el de la “autoría mediata” de un delito; ciertamente el coronel no participó directamente en el allanamiento de las casas de las víctimas ni en su detención o en su desaparición forzada; tampoco participó en la tortura, homicidios ni en la inhumación clandestina. Sin embargo, con innumerables pruebas quedó confirmado que ese tipo de prácticas eran comunes en el batallón a su mando, las toleraba, las conocía y participaba de los beneficios ocasionales que se obtenían de la incautación de bienes.
El doctor Samayoa señala precedentes internacionales, en Argentina, con Jorge Videla; en Perú con Fujimori y otros en Colombia. La autoría mediata se acreditó a partir de que el responsable tenía bajo su control un aparato de poder y los delitos se cometían sin orden escrita, sin que el autor mediato estuviera presente y quizá sin que tuviera conocimiento de los casos singulares, pero tenía “el dominio de la organización” y la posibilidad de influir y controlar la realización de los hechos fuera de la ley.
Parecía entonces una práctica común, recuerdo el estrujante documental Hasta los dientes sobre la muerte y desaparición de dos estudiantes del Tec muertos por disparos de soldados y otros casos más durante la torpe “guerra” contra los cárteles. Hoy, a partir de este libro, las autoridades cuentan con una herramienta jurídica para perseguir a escurridizos delincuentes, lo mismo de cuello blanco que de críme-nes violentos.
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