En México, la mayor parte de los libros digitales que se leen no son legales; en el caso de los ejemplares impresos, cuatro de cada 10 de los que se adquieren son piratas, informa Quetzalli de la Concha, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro), quien participará mañana en la mesa Piratería editorial en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM).
De la Concha explica en entrevista que la piratería editorial tiene dos vertientes: la analógica, con ejemplares impresos en el mercado informal, y la digital, que ocurre a través de plataformas, redes sociales y sitios de Internet.
La especialista en propiedad intelectual refirió que, según estudios realizados en 2020, durante el confinamiento la lectura en pantalla se incrementó 39 por ciento, cifra desproporcionada, pues la industria editorial digital sólo ha visto un aumento de 2 por ciento en su facturación.
Informa que en las editoriales independientes, cuyos contenidos son en su mayoría de interés general, “muchas se pusieron a trabajar a todo vapor para tenerlos disponibles en medios digitales, y por supuesto que creció el consumo, pero, por ejemplo, en cuanto a texto y educación no tuvo el mismo crecimiento legal y sí hubo mucho aumento en su piratería”.
La difusión digital de libros sin permiso del autor o del editor también puede recaer en delitos más graves, como el fraude, la suplantación de identidad o las redes de explotación de menores, alertó De la Concha. “Hay muchas capas o gamas de ilícitos relacionados con este tipo de sitios de piratería digital”.
La integrante del comité de redacción de la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor menciona que en la actualidad se está discutiendo una reforma en torno a la remuneración compensatoria por copia privada en la Cámara de Diputados, impulsada por la Comisión de Cultura y Cinematografía y su presidente, el diputado Sergio Mayer.
Señala que de “cualquier dispositivo que nos permita reproducir con-tenidos creativos, una parte de su valor comercial se tendría que destinar a distribuirlo entre los autores y los titulares de derechos. Es dar una garantía de que la compra del equipo está generando una remuneración al autor, al editor o al productor de contenidos que se estén viendo a través de medios digitales.
“Sin bien esa remuneración se le reconoce a los autores desde 1996, falta desarrollar cómo hacerla funcionar. Hay que regular cómo se aplica, a quiénes y cómo se hace una norma viva.”
La piratería de impresos, añade De la Concha, “ha ido en crecimiento porque para las redes de delincuencia organizada representa un negocio redondo y les ayuda también a invertir en otros ilícitos, incluidos el tráfico de personas, de drogas y de armas”.
Destaca que “comprar en el mercado informal es igual a comprar piratería. Se puede ver con acabados aceptables a primera vista porque al pirata no le interesa la calidad; entonces, son ejemplares defectuosos, mal pegados, a los cuales les faltan capítulos o páginas. Este problema se debe a que hay un alto consumo de comercio informal y de tolerancia para ese tipo de compra”.
Quetzalli de la Concha destaca que es “frustrante para los autores porque, mientras pareciera que su libro tiene mucho éxito porque todo el mundo lo está recomendando, en realidad hay una afectación directa de la normal venta del libro, porque ya fue visto y ya no representa una necesidad el esforzarse” por adquirirlo en una plataforma o impreso.
“Es un tema cultural decidir si voy o no a apoyar a la autora o al autor para que se siga dedicando a esto; no pueden vivir sólo de publicar, sino de que les consuman sus libros. A todo trabajo o servicio le corresponde una remuneración, por eso está legislado de esa manera en la Ley Federal de Derechos de Autor.”
La experta participará en la mesa Piratería editorial en la FILPM, mañana a las 20 horas, acompañada de Kiyoshi Tsuru y David García Escamilla. La charla será transmitida a través de las redes sociales del encuentro editorial.
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