La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha avanzado este martes en el Senado alguna propuesta para tasar en qué supuestos los llamados delitos «de expresión» no conllevarían penas de prisión. En su comparecencia en la Comisión de Justicia, Delgado ha señalado la posibilidad de que estos ilícitos, como pueden ser el enaltecimiento del terrorismo, puedan ser castigados con trabajos en beneficio de la comunidad cuando exista una aceptación expresa de las víctimas. Es decir, un acto voluntario de perdón por parte del condenado.
Es la primera vez que la fiscal general se pronuncia sobre la iniciativa lanzada por el Gobierno para amortiguar las críticas y el malestar creciente que ha generado el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel. En esencia, el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos «más controvertidos»: como el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas cuando se comete por cuestiones de opinión, el delito de odio, injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones y el delito contra los sentimientos religiosos.
Fuentes ministeriales explicaron entonces que la reforma está justificada porque «estos tipos penales adolecen» de varias condiciones. «Una cierta indefinición del bien jurídico protegido; la amplitud de la conducta típica descrita en la norma, lo que genera inseguridad; y la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva».
Todas estas cuestiones son exigencias «de precisión y restricción» de estos delitos requeridas por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo. En la propuesta planteada por el departamento dirigido por Juan Carlos Campo se contempla, además, que «aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales» permanezcan «al margen del castigo penal». En este sentido, el Gobierno ha defendido que «el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo supondría un desaliento para la libertad de expresión».
Delgado comparece en el Senado para presentar la memoria del Ministerio Público. La fiscal general vuelve a estar en la picota por su relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, según el sumario de la ‘operación Tándem’. Además, este lunes se conoció el escrito enviado a su departamento por el fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, para expresar su discrepancia con la designación del fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza como refuerzo para el Campo de Gibraltar. A su juicio, esta decisión es «ilegal e improcedente».
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