VALÈNCIA. El intento del presidente de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, de frenar el nombramiento de la nueva jefa de Recursos Humanos de la empresa pública tras salir ganadora del proceso de selección suma ahora un nuevo dato. El máximo responsable de la firma ordenó parar la contratación de la elegida después de que el candidato que quedó en segundo lugar presentara un recurso y pidiera esta medida cautelar. Un funcionario al que otra diputada del PSPV trató de incorporar hace poco más de un año a su departamento.
Según ha podido comprobar Valencia Plaza, Pilar Molina, encargada del Área de Administración General, remitió el 21 de enero de 2020 un escrito –también firmado por el jefe de Personal de la Diputación como es habitual en estos casos– al Hospital General de Valencia para que otorgara una comisión de servicios a José Fambuena (quien ahora reclama dirigir los RRHH en Divalterra).
En ese documento, la diputada expresó que eran necesarios sus servicios en la corporación provincial para pasar a ocupar el puesto vacante de jefe de sección de gestión de programas incardinado en el Centro de Gestión de Personal. Por lo que pedía al hospital, donde en ese momento trabajaba como funcionario, que le fuera conferida la citada comisión de servicios por el periodo de un año y con efectos del 1 de febrero. Todo ello, indicó, para gestionar su pronta incorporación.
La respuesta llegó el 24 de enero. El centro informó a la Diputación de que Fambuena ostentaba la condición de funcionario de carrera y se encontraba adscrito con carácter provisional como jefe de servicio tras su cese en el puesto de director de RRHH, al que accedió por libre designación. Al no contar con plaza en propiedad, añadía el escrito, no resultaba procedente por parte del hospital autorizar la comisión de servicios.
La corporación, pues, no contrató a Fambuena. Y, pocos meses después, en julio, llegó la convocatoria del proceso de selección para jefe de Recursos Humanos en Divalterra, al que se presentó. El resto de la historia fue desvelado por este periódico. El 15 de diciembre se cerró el procedimiento y el tribunal encargado –compuesto por diversos responsables de servicio de la Diputación– eligió a Eugenia Fernández –procedente del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)– como la mejor candidata para ocupar el cargo. Todo ello tras responder a las diversas alegaciones de Fambuena, que quedó en segunda posición.
Éste presentó un recurso el 12 de enero en el que pedía frenar la contratación de la vencedora por diversos motivos como posibles incompatibilidades del presidente del tribunal o puntuaciones mal otorgadas. Solicitud que fue atendida por el presidente de Divalterra, quien en dos ocasiones –una de ellas refrendado por un informe del jefe jurídico de la empresa, José Luis Vera– ordenó suspender el proceso. Pese a ello, el gerente de la firma sí contrató a la elegida y ésta se incorporó el 18 de enero.
Cargos de Divalterra y Antifraude creen que sólo es válida la vía judicial para reclamar
Estos movimientos acabaron por hacer estallar una polémica que todavía no llega a su final. Vera se alzó en instructor del caso porque estimó prudente parar el proceso, mientras varios cargos de Divalterra –y la propia Agencia Antifraude– aluden a que, pese a ser empresa pública, ésta se rige por el derecho privado, como reflejan sus propios estatutos. Lo que comporta, al serle de aplicación el derecho laboral, que en un procedimiento de selección de personal como el de RRHH, no se podría acudir a la vía administrativa para presentar recurso, sino que la única posibilidad de reclamar de los aspirantes sería la judicial. Razón por la que, sostienen, sólo un juez podría anular el resultado del proceso y no, como se pretende, el presidente de la firma.
Algunas voces de la Diputación interpretaron desde el inicio que la intención real era desbancar a la candidata vencedora, las mismas que ahora creen que su teoría se ve reforzada por el interés que cargos del PSPV tuvieron hace un año en incorporar al candidato que ha quedado fuera.
Todo ello es investigado, tal como ha informado Valencia Plaza, por la Agencia Antifraude tras una denuncia proveniente del propio tribunal. La entidad ha otorgado el estatuto de protección del denunciante a varias personas que acudieron a detallar posibles irregularidades y realizó un informe en el que avalaba el proceso como manera de apoyar al tribunal, que recientemente se ratificó en su decisión.
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