Nuevo varapalo judicial para los imputados del ‘caso Volho’ sobre el presunto desvío de fondos para el ‘procés’. La Audiencia de Barcelona ha respaldado la decisión del juez Joaquín Aguirre de instalar en los vehículos del exalto cargo de CDC, David Madí, del exconseller de ERC, Xavier Vendrell, y del informático Jaume Cabani, balizas de geolocalización y la instalación de micrófonos, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Tal y como ya apreció al avalar las intervenciones telefónicas de los principales implicados, el tribunal de la Sección 21 sostiene que existen “sospechas fundadas” contra los investigados y que los medios técnicos utilizados tienen como finalidad esclarecer si existe o no “concierto” entre “los participantes en los delitos” de corrupción
Los magistrados destacan que no se aprecia en el auto que autorizaba la instalación de esos aparatos vulneración del derecho de defensa, pues las resoluciones estaban perfectamente detalladas y justificadas, a la vez que recalca que lo que se pretende aclarar es si se desviaron fondos públicos, “bien directamente o bien a través del uso de criptomonedas”. De ahí, que califique de idónea, necesaria y proporcionada las instalación de balizas y micros en los coches.
El coche de Vendrell
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La resolución judicial se remite al auto que avalaba las intervenciones telefónica, aunque añade un indicio más. La Guardia Civil informó en su día al juez que Xavier Vendrell hacía servir un vehículo contratado en renting por la sociedad Inciatives Events, una de las investigadas, con quien el ‘exconseller’ “no tiene ningún vínculo societario”, pero que es “proveedora” de la Generalitat ERC. Apunta, además, que esta firma fue adjudicataria del contrato del evento de Carles Puigdemont en Perpinyà en febrero del 2020. El auto también hace mención a que los investigados “suelen utilizar la aplicación telefónica Signal, que no es susceptible de intervención por la autoridad judicial a causa de motivos técnicos”.
En un segundo auto, la Audiencia de Barcelona rechaza la intención de la investigada Marta Molina, a la que vincula con el Tsunami Democràtico, de que se anule la entrada y registro en su domicilio. Se le relaciona, en concreto con la acción perpetrada el 18 de diciembre del 2019 durante el parido de fútbol entre el Barça y el Madrid.
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