“El señor Jorge O. Castillo no representa legalmente, ni tampoco el interés, de ninguna de las personas jurídicas y humanas firmantes de la presente nota”, sostienen en la misiva que le hicieron llegar a Insaurralde a través de la mesa de entrada de la Secretaría de Gobierno.
Lo firman los miembros de las Ferias Urkupiña, Ocean y Punta Mogote; y de las Galerías Comerciales Salus SRI, Alexis Poma, Chipana Cusi, Galerías San Jorge, El Trébol, El Imperio, Quivincha, Colores, Arco Iris, Unión Tunari S.A, Cooperativa 27 de Mayo y Atlántida.
Castillo, el ahora ex administrador de La Salada, tiene patentadas 23 marcas, la mayoría de ropa, 14 empresas y además era el accionista mayoritario de la Feria Punta Mogote, lugar del que también fue desplazado.
De hecho, en la carta que publica Infobae se puede observar que el representante legal de esa sociedad, afirma que desconoce al Castillo como coordinador de La Salada.
El cuestionado empresario cayó en desgracia la madrugada del 21 de junio de 2017. Ese día, cientos de efectivos de la policía bonaerense y de fuerzas de seguridad federal, realizaron 55 allanamientos simultáneos, entre ellos, en su chacra de la localidad de Open Door, partido de Luján, donde dormía junto a su familia.
Cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) derribaron la puerta de su dormitorio, se defendió disparando con una escopeta. El tiro impactó en el escudo de policarbonato uno de los efectivos y las esquirlas le lastimaron el ojo derecho.
Ese día también fueron arrestados varios familiares del entonces administrador del paseo de compras como su hermano, su cuñado y dos sobrinos.
En las oficinas de Castillo los investigadores encontraron armas de guerra, papeles, joyas y unos $11 millones repartidos en una decena de cajas fuertes.
Los arrestos los había ordenado el Fiscal General Adjunto del Distrito Judicial de Lomas de Zamora Sebastián Scalera.
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