Ciudad de México.- El pasado 30 de diciembre con 38 votos a favor, 29 votos en contra y una abstención, en una votación parlamentaria el Senado de Argentina. Legalizó la “interrupción voluntaria del embarazo” (IVE), mejor conocida como aborto.
El Doctor Fernando Toller profesor titular de derecho constitucional de derechos humanos de la Universidad Austral de Buenos Aires. Expresó en exclusiva para Siete24.mx, que este Proyecto es una ley de fomento del aborto.
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Que replica la rechazada en 2018, que gira sobre un punto central: está configurado como una “ley de fomento del aborto”.
Con toda una batería de elementos de Derecho Civil, Administrativo y sobre todo Penal.
Con el objetivo de asegurar que la práctica se realice en tiempo récord.
“Estas normas carecen de la razonabilidad que debe nutrir toda legislación, y varias disposiciones relativas al derecho penal violentan la garantía de legalidad por vaguedad y falta de precisión”, dijo.
Se discriminará por su origen a los seres humanos no nacidos.
Toller, expresó que se da máxima cobertura al no nacido deseado (pena de 10 años al aborto no consentido y de 3 al aborto preterintencional, proyecto 1000 días; asignaciones prenatales, etc.
Y por otra parte tendría máxima vulnerabilidad al no querido (aborto a demanda, penas al que no realiza el aborto requerido, el aborto ilegal tiene solo un año de prisión) (arts. 4, 5, 6, 14, 15 y 16).
Sin embargo, aseveró que un detalle de esta contradicción fundamental: la madre podría cobrar la asignación por 1000 días en la semana 12, y pedir su aborto en la semana 13, para obtenerlo en la 14.
“La legalización del aborto crea múltiples obligaciones de profesionales y directivos, bajo amenaza de cárcel e inhabilitación”, anadió.
Fernando Toller, señaló que esta decisión legislativa convierte un delito en un derecho que obliga a terceros como a los médicos a actuar aún en contra de sus principios.
Como es velar por la salud y la vida de los seres humanos aun para aquellos que se encuentran en el vientre de sus madres.
“Se introduce algo inédito y sumamente grave: creación del delito de dilación, obstaculización o negación de aborto, previendo hasta 1 año de cárcel y 2 años de inhabilitación al profesional de la salud (art. 15, incluyendo un nuevo art. 85 bis en el Código Penal)”.
Esto es aplicable a un amplio campo de profesionales de la salud, aseveró.
La Corte bonaerense ha reconocido que estamos hablando de abortar, de dar muerte, a una persona, a un ser humano que es sujeto reconocido por el Derecho.
Por otra parte, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos constitucionalizados y el Código Civil defienden la vida de la persona.
Incluso del bebé no nacido, a partir de la concepción, la cual debe ser entendida como la fusión de los gametos masculino y femenino.
Finalmente, el Doctor Fernando Toller, describió que hay ataques que producen daños tan graves e irreparables a derechos humanos fundamentales, como la muerte de un ser humano.
Que no pueden jamás ser admitidos por el Derecho, considerado en su globalidad.
Además, estos agravios deben, en principio, ser sancionados penalmente.
El Doctor Fernando M. Toller; es Abogado, con Diploma de Honor, por la UCA (1991), y Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (1997).
Es Profesor Titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde actualmente dirige la Carrera de Abogacía. Allí fundó y estuvo a cargo del Doctorado en Derecho y del LL.M.
Ha sido Visiting Scholar de Derecho Constitucional en la Universidad de Stanford e investigador visitante en la Universidad de Harvard. Ha sido Visiting Tutor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Oxford, y Profesor Visitante en las Universidades de Salamanca y Roma Tor Vergata, entre otras.
Autor de libros y trabajos sobre derechos humanos, y recibió los máximos premios en investigación de las Academias Nacionales de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba.
Asesora pro bono en Derecho de Interés Público a ONG´s y ciudadanos de varios países y es Peticionario litigante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, D.C.
ARH
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