Hermanos Peirano Basso pidieron a la CIDH la nulidad de sus condenas y una disculpa pública

Los hermanos Peirano Basso aseguraron que sus derechos humanos fueron violados de manera “gravísima” debido a la extensa duración de las causas penales, en “clara contravención al plazo razonable” del proceso.

En agosto de 2002, la Justicia procesó con prisión a los tres hermanos. En noviembre fue procesado el padre de la familia, Jorge Peirano Facio, y falleció en la cárcel cinco meses después.

Por su parte, Juan Peirano Basso, quien todavía tiene pendiente un proceso en Uruguay, pidió al juzgado penal de 23 turno el archivo de las actuaciones alegando el principio del “derecho al plazo razonable en el proceso penal”. En su caso, el juicio se inició en 2006 cuando la Justicia pidió la extradición a Estados Unidos y la Fiscalía aún no ha presentado la acusación.

El escrito sostiene que la sentencia que los condenó “adolece de nulidad absoluta, en tanto acto procesal que pone ‘fin’ a un proceso penal seguido en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de segunda instancia por la que se condenó a los hermanos Juan, Dante y Jorge Peirano Basso y a los exdirectores Mario San Cristóbal y Juan Domingo Ratti a indemnizar a los ahorristas afectados por la liquidación de los bancos Montevideo y la Caja Obrera en el 2002. Si bien el Banco Central del Uruguay (BCU) reclamó una condena por US$ 340 millones, la sentencia de la Corte confirmó lo que estableció el tribunal de apelaciones civil que había determinado que el BCU debía iniciar un juicio de liquidación, aparte, y probar ese monto.

En 2017 se había pronunciado sobre la causa penal confirmando la condena. Luego de esa sentencia, los hermanos decidieron recurrir nuevamente ante la CIDH. Ya habían obtenido una sentencia favorable del organismo cuando reclamaron por el tiempo excesivo de prisión preventiva al que estuvieron sometidos.

La CIDH llamó la atención sobre el hecho de que los banqueros estuvieran recluidos sin tener condena, por lo que se instó a Uruguay a actualizar su Código Penal para que no se repitieran casos similares en el futuro.