Al final de un año de tantos retos y transformaciones, hemos celebrado el Día de los Derechos Humanos con esperanza. Las respuestas a las crisis generadas por la pandemia están avanzando un cambio de paradigma para reconstruir mejor nuestras ciudades y asentamientos humanos: el derecho a la ciudad.
La situación de crisis mundial generada por el coronavirus está demostrando la urgencia de poner la vida y las personas por encima del lucro. Más que nunca es necesaria la transformación efectiva de la vida urbana, transitando hacia modelos económicos y de desarrollo urbano centrados en la función social de la ciudad. Esto implica recuperar y fortalecer los servicios públicos comunitarios transitar hacia una sociedad de la riqueza social y una economía al servicio de la vida y el bien común. Es necesario priorizar la dignidad, el cuidado y la democratización efectiva de las decisiones relativas al presente y al futuro de las ciudades.
Los actuales modelos urbanos que entienden el espacio urbano como una mercancía están mostrando sus fallos estructurales. Dejan en evidencia ciudades desiguales, segregadas, excluyentes, sin acceso a derechos humanos básicos, como la salud y la vivienda. Para perpetuar este modelo se usan mecanismos que generan desalojos, despojos, sinhogarismo, privatización de espacios y servicios públicos, destrucción de modos de vida, exclusión, violencia, entre otros.
La evidencia de los fracasos estructurales de los patrones hegemónicos de la construcción de ciudades abre una ventana para avanzar en alternativas. Estamos presenciando una época de cambio acelerada por las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales de todas las regiones del mundo. Estamos ante una emergente ola de prácticas y respuestas transformadoras a las crisis sistémicas de carácter económico, social y ecológico de nuestro planeta.
“Las formas locales de resistencia contra la mercantilización y la financiarización están logrando avanzar hacia ese otro mundo posible”, pronunciaba recientemente Raquel Rolnik, ex relatora de la ONU sobre vivienda adecuada en la ceremonia de entrega de premios de Ciudades Transformadoras.
En Argentina, Escocia, España, Estados Unidos, Francia y Portugal se ha dado un paso adelante en la protección del derecho a la vivienda. Durante la pandemia se han suspendido desalojos, y nuevas políticas se están gestando para convertir pisos turísticos y oficinas en vivienda asequible. Alrededor del mundo también se han avanzado en políticas de emergencia que han garantizado la provisión de suministros básicos y apoyado a trabajadores del sector informal. Estas medidas han mostrado que un cambio es posible, ahora el reto está en avanzar hacia políticas permanentes y cambios estructurales.
El Derecho a la Ciudad como hoja de ruta para salir fortalecidos de las crisis por su carácter integral, democrático y perspectiva territorial
Para ello, la sociedad civil lidera el camino, como queda evidente al examinar las iniciativas finalistas del Atlas de Utopías, proyecto del Transnational Institute que reúne historias de comunidades de todo el mundo centradas en la transformación de las políticas y prácticas de vivienda, agua, alimentación y energía.
En Petorca, Chile, por ejemplo, Agua para todxs, un sindicato rural de proveedores de agua comunitarios, está generando soluciones sostenibles a la crisis hídrica mediante el fortalecimiento de la movilización comunitaria. En Pengon, Palestina, las mujeres son lideresas de la energía sostenible. Esta iniciativa reúne a mujeres locales con el objetivo de transformar el sistema energético, otorgándoles el control de la energía solar y empoderándolas para que participen en la adopción de decisiones en el sector de energía limpia y lideren el cambio en sus comunidades.
Estas experiencias de miembros y aliados de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y Ciudades Transformadoras muestran que la protección del Derecho a la Ciudad para todas y todos es posible. Defendemos el Derecho a la Ciudad como hoja de ruta para salir fortalecidos de las crisis por su carácter integral, democrático y perspectiva territorial. Hoy más que nunca, queda clara la interdependencia de todos los derechos humanos. Necesitamos un enfoque integral, anclado en el territorio y construido conjuntamente entre sociedad, gobiernos locales y nacionales y organismos internacionales que se comprometan en la construcción de ese otro mundo posible, más justo, solidario y sostenible.
Isabel Pascual Díaz y Sophia Neitzert Torres forman parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, un movimiento compuesto por organizaciones de la sociedad civil, redes y organizaciones de gobiernos locales, comprometidas con el cambio social que promueven, defienden y cumplen el derecho a la ciudad. También son parte de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) una red global que trabaja en la defensa, promoción y realización de los derechos humanos relacionados con el hábitat tanto en zonas rurales como urbanas. Josephine Valeske y Melissa Koutouzis integran el equipo de Transnational Institute, un instituto internacional de investigación y promoción de políticas que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible.
Crédito: Enlace fuente
