Despedir injustificadamente a trabajadores de ayuntamientos tiene consecuencias jurídicas y va en detrimento del erario de los municipios, lo cual impacta programas y servicios dirigidos a la población.
Así lo mencionó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, durante una plática informativa de manera virtual con presidentes municipales.
En la videoconferencia les dio a conocer la normatividad aplicable a las relaciones laborales entre patrón y trabajador, así como las consecuencias jurídicas de realizar ceses sin justificación.
Eguiluz Tapia explicó los procedimientos laborales que se desahogan en el Tribunal de Arbitraje de Hidalgo, instancia encargada de resolver las controversias de las relaciones laborales en el sector público.
Invitó a los alcaldes a mantener relaciones laborales sanas que preserven el derecho de trabajadores para evitar controversias que deriven en procedimientos jurídicos extensos sin laudos favorables a las administraciones municipales.
Durante la comparecencia que la secretaria del Trabajo hizo en octubre pasado ante integrantes del Congreso local, informó sobre 102 demandas contra ayuntamientos, 45 contra dependencias del gobierno estatal, así como 42 organismos descentralizados.
Explicó que de esas demandas, 82 por ciento fueron por supuestos despidos injustificados de trabajadores.
El año pasado, apenas seis días después que los Concejos Municipales Interinos asumieron las riendas de ayuntamientos el 4 de septiembre, acumularon protestas por diversos motivos, entre ellos, por acusaciones de ceses injustificados.
Por ejemplo, en Tizayuca y Mineral de la Reforma prevalecía inquietud entre la plantilla laboral ante el despido de funcionarios de las anteriores administraciones.
En tanto, en Huejutla, más de cien extrabajadores del ayuntamiento anunciaron que interpondrían una denuncia por despido injustificado, luego que no lograron acuerdos en el pago de indemnizaciones con el Concejo Municipal.
“Ellos (Concejo) dicen que fue por la transición de poderes, pero de acuerdo con la ley no hay razón, es mentira, son despidos injustificados y debieron indemnizar a cada uno de ellos (trabajadores)”, comentó en su momento el abogado Omar Juárez León.
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