Hace unos días, la Corte Penal Internacional (CPI) condenó como criminal de guerra a un excabecilla del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés). Dominic Ongwen también fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad. La Corte lo hizo responsable de docenas de delitos, que van desde múltiples asesinatos hasta matrimonios forzados.
Este reciente fallo de la CPI, que prácticamente pasó desapercibido para el ciudadano de a pie en nuestro país, se dio casi de manera simultánea con la formulación del auto 19 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que se emplaza a ocho excabecillas de las Farc por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
¡Gústenos o no!, una primera lectura de los hechos permite inferir que la decisión de la JEP −por lo menos en materia de imputación− está en consonancia con los estándares del Derecho Penal Internacional a la hora de examinar y valuar procesos jurídicos de esta naturaleza.
Queda claro, además, que la JEP abrió las esclusas de una presa que jamás podrán ser cerradas, así: elevar un sinnúmero de conductas del conflicto armado colombiano a la categoría de crímenes de guerra −al tenor del Derecho Internacional Humanitario− y de crímenes de lesa humanidad −con sujeción al derecho internacional de los derechos humanos−.
El auto −proferido en el marco del caso 01 del tribunal de la transición− generó rechazo en algunos sectores y aplausos en otros. Muy pocos esperaban que la JEP graduara de criminales de guerra a estos exFarc con posiciones de mando y, además, de criminales de lesa humanidad.
Con todo, podría decirse que se trata de una victoria pírrica para quienes estamos del lado del establecimiento, especialmente para aquellos que servimos en las filas de las Fuerzas Militares, pues también queda claro que el sustrato de este auto será idéntico al que contendría el memorial que se vaticina proferirá la JEP a mediados de año para el caso 03, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Es una especie de “simetría moral’, como acertadamente lo define un prominente catedrático de la facultad de derecho de la Sergio Arboleda. Es decir, los militares vinculados a este caso también serían llamados a responder por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, colocándolos al mismo nivel de los alzados en armas que una vez combatieron en nombre del Estado de Derecho.
Pero ahí no para la fuerza de este torrente, porque las desbordadas aguas se llevarán por delante a antiguos altos mandos de las Fuerzas Militares en calidad de máximos responsables. Por muy buena fuente sé que la JEP emplazará a varios generales del Ejército retirados en número superior a los ocho excabecillas de las Farc ya referidos, incluido, al parecer, al menos un excomandante de esta fuerza.
Ya el asunto está bien complicado, como quiera que algo más de 1.700 uniformados firmaron actas de compromiso de sometimiento a la JEP en el caso 03 y, entre otros aspectos, convinieron aportar verdad. Si bien para el Ejército la responsabilidad opera a título personal y jamás será del colectivo, este nuevo auto de la JEP seguramente se empeñará en demostrar la sistematicidad de la conducta, la existencia de una política −escrita o no− y la acción y la omisión de comandantes en diferentes eslabones de la cadena de mando.
El golpe a la moral y a la reputación del Ejército será durísimo, pero albergo la esperanza de que no a niveles catastróficos, máxime cuando esta institución ha llevado el esfuerzo principal en más de seis décadas de un conflicto armado interno, que, como todos podemos constatar, no llegó a su fin con los acuerdos de La Habana entre el gobierno Santos y las Farc.
Crédito: Enlace fuente
