Valencia.- El coordinador de la ONG Foro Penal en el estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, solicitó este lunes 25 de enero la activación de juicios virtuales en materia penal para darle celeridad a las causas, pues asegura que desde el comienzo de la cuarentena social por el COVID-19, empeoró el retardo procesal en el país y aumentaron las violaciones al debido proceso.
Betancourt señaló que hasta la fecha, de manera virtual, solo se han activado juicios civiles y algunos relacionados con violencia familiar, hecho que, dice, genera un retraso de los procesos en el sistema penal.
«Ha aumentado el retardo procesal, se impide la celebración de juicios, de audiencias preliminares; hay personas que tienen meses e incluso años esperando audiencia. El retardo procesal va a aumentar si no se aplican políticas urgentes para darle celeridad a los juicios y audiencias, y no se sigan vulnerando los derechos de los presos», aseguró Betancourt.
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El vocero de Foro Penal en Carabobo considera que la activación de los procesos virtuales en el sistema judicial también es necesaria para garantizar la protección de todo el personal que labora en los tribunales y demás sectores vinculados al área.
«Falta una política del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro que permita la virtualidad en este sistema, pareciera que no les importa; no les importa la justicia ni el sistema, ni la salud de sus funcionarios, de los jueces, secretarios, alguaciles, incluso de los imputados y abogados. Exigimos que se lleve a cabo la virtualidad», expresó.
Betancourt destacó que desde el 2014 se han registrado más de 15.600 detenciones arbitrarias y recordó que en Carabobo todavía permanecen 28 presos políticos.
«El caso de Leonardo González fue interrumpido y el de Daniel Queliz no ha iniciado este año. Antonio Garbi nunca ha ido a una audiencia de juicio, se le siguen violando los derechos humanos, se viola el debido proceso porque no hay un Estado de Derecho que pueda respaldar sus derechos ni los del resto de los presos políticos».
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El representante de la organización también se solidarizó con la ONG Azul Positivo, encargada de dar apoyo a las personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), cuyos miembros fueron detenidos el pasado 12 de enero.
«Exigimos la liberación de los miembros de Azul Positivo que trabajan por los derechos de los ciudadanos. Se busca la intimidación de las ONG para que no hagamos el trabajo que hacemos, pero esto no va a paralizar nuestro trabajo, en el caso de Foro Penal seguiremos luchando por la liberación de los presos políticos. Los que luchamos por los derechos ciudadanos no debemos ser criminalizados ni intimidados por ningún gobierno, son características propias de la represión», señaló.
Ruth Lara CastilloCentro
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