La Fiscalía General de la República solicitó a la Sala de Casación Penal desestimar 8 de las 18 causas abiertas contra el presidente Carlos Alvarado Quesada desde que llegó al poder el 8 de mayo de 2018.
Dichas peticiones fueron formuladas ante los magistrados por la jerarca del Ministerio Público, Emilia Navas Aparicio, entre el 9 de mayo de 2019 y el 29 de octubre de 2020 según se desprende de un reporte preparado por el departamento de comunicaciones de esa institución a solicitud de AmeliaRueda.com.
Este medio intentó conocer si el tribunal acogió o no los planteamientos de la fiscala general; no obstante, el órgano señaló mediante la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia que la información no es pública para terceros, de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal.
De los expedientes que Navas Aparicio solicitó desestimar, solo trascendieron dos públicamente.
Se trata del 20-000048-0033-PE, por aparentes nombramientos ilegales de asesores en la Casa Presidencial, y el 19-000069-0033-PE, por supuesto prevaricato en la suscripción de un decreto también firmado por el exministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi.
Los votos con los que la Sala confirmó las desestimaciones fueron notificados este 8 de febrero a la defensa técnica del mandatario.
“Criminalización de la política”
En conversación telefónica con AmeliaRueda.com, el abogado de Carlos Alvarado Quesada, Rodolfo Brenes Vargas, se dijo alarmado por la cantidad de denuncias contra el gobernante que se basan en especulaciones o carentes de pruebas, aunque aseguró que su cliente se mantiene tranquilo y seguro de sus actuaciones.
“Nosotros consideramos que es preocupante que se esté recurriendo con tanta ligereza al derecho penal como un mecanismo para criminalizar decisiones de política pública. No tenemos conocimiento de la totalidad de esas denuncias pero sí de muchas de ella y son denuncias algunas anónimas, otras infundadas, que no describen irregularidades o que contienen elucubraciones. Entonces hay que tomar todo este número de causas existentes con pinzas. Lo que sí nos preocupa es que revela una tendencia hacia la criminalización de la política”, señaló el jurista.
Vargas Brenes puso como ejemplo la queja que se tramitó en el expediente 20-000048-0033-PE en el que, según relató, no se describían hechos anómalos, sino que se solicitaba una especie de auditoría de los nombramientos efectuados en la sede del Gobierno de la República.
“Es un derecho de las personas el denunciar, pero es un derecho que debe ejercerse con responsabilidad. Y esto demuestra, 18 denuncias contra un presidente y 8 ya desestimadas, pues que estamos ante un ejercicio abusivo de ese derecho”, añadió el representante legal del mandatario.
Contra Alvarado Quesada permanecen en investigación otras 10 causas por los presuntos de tráfico de influencias, cohecho propio, prevaricato, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y malversación, de acuerdo con la información proveída a este medio el 27 de enero pasado por el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.
Entre estos casos, destacan el de la conformación -supuestamente contraria a la ley- de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y y por el aparente recibo de beneficios en un viaje de descanso al que fue en helicóptero a un hotel en Guanacaste.
También se investigan aparentes sobornos recibidos por la adjudicación del muelle de Caldera, en Puntarenas, así como incumplimiento de deberes en la firma de la más reciente convención colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP) y un pacto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para suspender la aplicación de una reforma en el cálculo de remuneraciones de sus funcionarios.
“El señor presidente los afronta (los procesos) con tranquilidad porque sabe que no cometió ninguna irregularidad. Sabe también que Costa Rica enfrenta retos inéditos en su historia, como la pandemia (del nuevo coronavirus) y la situación fiscal. Él está absolutamente concentrado en gobernar y lo que nos ha pedido a mi colega Róger Guevara Vega y a mí es que atendamos los asuntos legales para concentrar su atención en lo que es verdaderamente importante”, manifestó Brenes Vargas.
Alvarado Quesada se convertirá este 10 de febrero en el segundo mandatario en la historia en acudir a la Asamblea Legislativa para un interrogatorio por parte de los diputados; en su caso para responder a cuestionamientos por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Además, será el primero que lo haga en el salón del Plenario.
El gobernante ha adelantado que en la sesión, programada para arrancar a las 9:30 a.m. con posibilidad de extenderse por siete horas y media, no se abstendrá de declarar y, por el contrario, según él, aprovechará “decir las cosas como son”.
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